Robar un móvil en Guatemala se sanciona con hasta 15 años de cárcel

La nueva ley que castiga con penas de hasta 15 años de prisión el robo de teléfonos móviles en Guatemala entró en vigor en este país, donde cada cuatro minutos se sustrae uno de estos aparatos, la mayoría de las veces en violentos asaltos.

Aunque no hay datos oficiales, se estima que de los 500 asesinatos que ocurren cada mes en Guatemala, al menos 10 están relacionados con el robo de teléfonos móviles, un delito probablemente vinculado con frecuencia al crimen organizado.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) cada cuatro minutos se registra el robo de un teléfono móvil decenas de víctimas han llegado a ser asesinadas. Las cifras de la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) de la Superintendencia, publicadas en febrero pasado, señalan que en 2012 se reportaron un total de 142.745 robos de móviles, un 40 % más de los 101.664 registrados en 2011.

El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que la Policía Nacional Civil (PNC) ha desarrollado varias aplicaciones tecnológicas para "reagrupar" los archivos que contengan información sobre los crímenes relacionados con el robo de teléfonos móviles.

"Se ha pedido apoyo a las empresas de telefonía y hemos avanzado en la creación de aplicaciones en las que estamos integrando bases de datos para contar con información inmediata", explicó.

La Ley de Equipos Terminales Móviles, que fue aprobada por el Parlamento el pasado 17 de septiembre, obliga a las empresas que prestan el servicio de telefonía a informar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) sobre la identidad de las personas que adquieran un teléfono celular o un chip de activación móvil.

Esa información servirá para alimentar una base de datos que permitirá identificar la propiedad y uso de los móviles que sean utilizados en actos ilícitos como extorsiones o cualquier otro tipo de hechos criminales.

La norma, promovida por organizaciones sociales como medio para detener el robo de móviles, y que durante de dos años fue rechazada por las empresas de telefonía, contempla penas de seis a quince años de prisión para quienes hurten o roben estos teléfonos, así como de cinco a diez años a los que compren aparatos de "dudosa procedencia".

También sanciona con penas similares y multas de 5.000 a 25.000 dólares a quienes "alteren" equipos terminales móviles, comercialicen aparatos que hayan sido reportados como robados, hurtados o extraviados por sus propietarios.

Además, establece penas de seis a diez años de cárcel a quienes introduzcan teléfonos móviles en las prisiones, así como a los reclusos que utilicen esos aparatos para comunicarse desde las cárceles. Hasta diciembre de 2012 se encontraban activados en Guatemala unos 20,7 millones de teléfonos móviles, de los cuales solo 992.000 eran de línea fija, y el resto de prepago.