El Supremo de Malawi permite aplicar la ley antigay en el país

El Tribunal Supremo de Malaui suspendió este jueves la moratoria aprobado por el Gobierno para la aplicación de la legislación que permite detener a homosexuales y que contempla penas de hasta 15 años de prisión.

La decisión se produce después de que miembros de la Iglesia del país hayan acudido ante el Supremo para denunciar que el Gobierno no tiene poder para suspender "unilateralmente" esta ley.

Con la suspensión de la moratoria, la Policía de Malaui podrá continuar deteniendo a los homosexuales, algo que las organizaciones a favor de los derechos humanos consideran un "retroceso".

El director ejecutivo de la organización Centro de Rehabilitación de Derechos Humanos, Timoteo Mtambo, aseguró que la decisión es "decepcionante" para los defensores de los derechos humanos y prometió que continuarán luchando para que se revise judicialmente esta ley.

Sin embargo, otros sectores insisten en que el Gobierno no tiene poderes legislativos para suspender la aplicación de ninguna ley, por lo que la moratoria es "inconstitucional".

El Gobierno de Malaui impuso la moratoria después de que estallara la polémica el pasado 7 de diciembre, cuando una pareja fue detenida por miembros de un grupo de vigilantes de Lilongwe, que asaltaron físicamente a uno de ellos y destrozaron la casa del otro.

Ambos fueron entregados a las autoridades que, según denunció Human Rights Watch, les obligaron a someterse a análisis de VIH y enfermedades de transmisión sexual y fueron puestos en libertad bajo fianza a pesar de que la Policía negó que hubieran sido detenidos.

Se trató del primer incidente registrado en Malaui desde 2009, cuando una pareja de homosexuales fue detenida y encarcelada bajo los cargos de "conocimiento carnal en contra del orden de la naturaleza" e "indecencia", aunque fueron amnistiados después.

En 2012, la entonces presidenta, Joyce Banda, hizo un llamamiento público para despenalizar las relaciones homosexuales y su ministro de Justicia, Ralph Kasambara, pidió una moratoria en los arrestos alegando que podría haber un conflicto legal con la Constitución.