El nuevo incidente se registró cuando SE inició un incendio, pero seis horas después las causas no habían sido del todo esclarecidas y versiones extraoficiales daba cuenta de que los muertos podrían sumar 20. Las versiones no confirmadas indican que podría haber otros siete reos muertos en una celda donde comenzó el fuego, que fue controlado.
El Gobierno, a través del secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, solo confirmó la cifra de 13 muertos, sin precisar si incluía a un reo que fue decapitado durante la riña, desatada por el control del penal según las primeras versiones.
La restitución de la calma en el penal fue facilitada por el obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, quien medió con los reos a fin de acabar con el conflicto interno. Reveló que los presos le aseguraron que "no habrá más conflictos" y que también pidieron "que la Policía se apartara", lo que se cumplió.
En una audiencia el martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el Estado hondureño admitió que en las 24 cárceles del país residen 12.246 presos, 4.000 más de lo que permite su capacidad, y que un 52,4 % de ellos no han sido sentenciados. En esa audiencia, el Estado de Honduras justificó su actuación en la respuesta e investigación del incendio registrado en el penal de Comayagua el pasado 14 de febrero, en el que murieron 361 personas.
Otro incendio, en el penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, dejó 107 muertos, un caso por el que Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó este jueves el secretario Bonilla. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, por su parte, dijo en un comunicado que Bonilla fue instruido para atender "la emergencia del penal de San Pedro Sula, donde la prioridad es preservar las vidas de los privados de libertad".
El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, recordó que las cárceles carecen de medios de rehabilitación, que el Estado se ha desentendido de su responsabilidad con los privados de libertad, a la vez que se permite la introducción de armas, drogas y licores. A eso se suma "el régimen disciplinario de las cárceles en manos de algunos internos, mientras que los centros penales no obedecen a una verdadera política criminal del Estado, sino que están en manos de una de las direcciones de la Policía que, hasta ahora, ha demostrado su incapacidad en el manejo", subrayó Custodio. Entre otras cosas, según el Comisionado de Derechos Humanos, en Honduras hace falta una verdadera política de Estado para que los privados de libertad tengan un goce efectivo de cada uno de los derechos, consignado en la Ley de Rehabilitación del Delincuente.
