El gobierno libio no reconoce al Alto Tribunal mientras los opositores al régimen celebran la decisión de La Haya. Fuera del país, en Túnez, sectores del régimen negocian una salida a la guerra civil. Asisten tres ministros libios, incluido el titular de Exteriores. Los rebeldes podrían haber aceptado que Gadafi permanezca en Libia, una vez que abandone el poder, para eludir la justicia internacional.
El ministro de Justicia libio, Mohamed al Qamoodi, ha anunciado que su Ejecutivo no acepta las decisiones del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de que la corte internacional dictara una orden de detención contra el mandatario del país norteafricano, Muamar Gadafi, su hijo mayor, Saif al Islam Gadafi, y el jefe de la Inteligencia libia, Abdulá al Senussi.
"Libia no acepta las decisiones del TPI, que es una herramienta del mundo occidental para perseguir a los líderes en el tercer mundo", ha dicho Al Qamoodi, en una rueda de prensa en Trípoli.
Asimismo, el ministro ha apostillado que "el líder de la revolución y su hijo no tienen ningún cargo oficial en el Gobierno libio y, por tanto, no tienen relación con las denuncias del TPI". Al Qamoodi se agarra de esta forma al hecho de que Gadafi, pese a llevar 41 años en dirigiendo Libia, no tiene un cargo específico dentro del sistema político.
Al líder libio, su hijo y Al Senussi, el TPI les acusa de crímenes contra la humanidad, al entender que estarían implicados en la muerte de civiles durante la represión ejercida por el régimen contra las protestas que surgieron el pasado mes de febrero. Aunque en la práctica la orden de arresto por sí sola no puede llevar a la detención de Gadafi, tanto los rebeldes como los países de la OTAN la han aplaudido como una nueva señal de que el dirigente ha perdido toda legitimidad para seguir en el poder.
