Los líderes de la Unión Europea (UE) han logrado desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho.
El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021. "Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.
Aparte de lo que se destine a España en el presupuesto de la UE, los fondos específicos para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus pueden suponer unos 140.000 millones, dependiendo de la aceptación que tengan los proyectos propuestos.
Garantías en Polonia y Hungría
En concreto, los líderes europeos han dado 'luz verde' al documento que había sido pactado previamente por Alemania, como presidencia de la UE, con Hungría y Polonia y que da garantías a estos dos países de que el nuevo sistema para condicionar el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para presionarles en otros campos, como la política migratoria. En concreto, el texto garantiza que este mecanismo busca únicamente "proteger el presupuesto europeo y el fondo de recuperación de cualquier tipo de "fraude, corrupción o conflicto de interés" y también garantiza que su aplicación será "imparcial" y "no discriminatoria". Los socios comunitarios han pactado que esta condicionalidad no se aplicará hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se haya pronunciado sobre la legalidad del mismo si Budapest o Varsovia deciden llevar el reglamento ante la Justicia comunitaria. En la práctica, esto supone que no se podrán suspender pagos a países que violan los principios fundamentales del bloque hasta dentro de al menos dos años.
