Venezuela acusa a los dos españoles detenidos de guardar relación con prostitutas vinculadas a grupos criminales

Este miércoles, el régimen de Nicolás Maduro ha acusado a los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela por el supuesto intento de asesinato del presidente venezolano de estar relacionados con prostitutas asociadas a criminales. Concretamente, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha asegurado que los dos guardan relación con "damas de compañía vinculadas a grupos criminales".

Antes, Maduro ya les había acusado de ser terroristas y de pertenecer al CNI, algo que el Gobierno español ha desmentido. El dirigente venezolano no ha aportado pruebas de ninguna de las acusaciones, y su Gobierno ha asegurado que "están resguardados por las autoridades en un lugar seguro", aunque no precisado el lugar de detención.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la número dos de la embajada venezolana para exigir más información sobre los detenidos. Asimismo, ha pedido a su homólogo venezolano, Yván Gil que, "como marca la Convención de Viena", confirme la identidad de los dos detenidos en Venezuela, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos.

Ruptura de relaciones

También este miércoles, el Parlamento de Venezuela ha pedido al Gobierno de Maduro "evaluar" la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Lo ha hecho formalmente presentado un proyecto de acuerdo en la Asamblea Nacional Venezolana hace tan solo unas horas. Es su forma de responder a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.

"Hace más de 200 años los expulsamos para siempre de esta tierra, hace más de 200 años dejamos de ser esclavos del imperio español...", ha empezado diciendo en la sala un diputado chavista, para, después, terminar leyendo el documento que insta al Ejecutivo nacional a que evalúe de manera urgente la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España, "como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición" del Congreso español contra "la constitucionalidad venezolana".

El proyecto ya se ha presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, ya la semana pasada pidió redactar una resolución para instar al Ejecutivo a romper "todas las relaciones" diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. En ese momento, Rodríguez exigió que la resolución estableciera que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", en respuesta a lo que consideró como "el atropello más brutal" de España contra Venezuela "desde los tiempos" en que el país luchó por su independencia.

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