El Gobierno venezolano denunció este domingo que España violó la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, al permitir la salida del país del líder opositor Leopoldo López, que ya está en Madrid y que se encontraba en la residencia del embajador español en Caracas desde abril de 2019, tras abandonar su arresto domiciliario.
"Venezuela denuncia el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por parte del Reino de España", recoge un comunicado de la Cancillería en nombre del Ejecutivo.
Además, denuncia que hubo "una inédita y continua violación" de dicha convención, que "se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el embajador español", Jesús Silva.
El Gobierno venezolano recuerda que Silva fue expulsado el 25 de enero de 2018 "como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos" y, posteriormente, "se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese mismo año, bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales".
Organizó la salida
En opinión de las autoridades venezolanas, "hoy es, a todas luces verificable, que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano" de López.
Asimismo, califica esa acción como "inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las dos naciones". "De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia", añade el comunicado.
Finalmente, Venezuela considera que "la práctica antidiplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela, en claro desapego a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, dejará una mancha profunda e indeleble".
"Por último, vale la pena subrayar que las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso", concluye el comunicado.
