Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú pedirán el próximo martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desveló el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.
"Nos hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela", explicó De Zela.
El vicecanciller, de visita de trabajo en Washington, aseguró que Canadá estudia unirse a la denuncia, aunque aún no ha tomado una decisión. La misiva de los cinco cancilleres irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos, detalló De Zela. El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Ese grupo de expertos concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI. Almagro ya remitió ese informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo para pedirle que abriera una investigación.
Los cancilleres no pedirán a la Fiscalía de la CPI que investigue a una persona concreta, sino que "se verifique en la investigación preliminar quiénes son los culpables", precisó De Zela. La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países. Los cancilleres han decidido dar ese paso porque se ha alcanzado un punto de "no retorno", en opinión del político peruano.
"La impunidad -subrayó- ha llegado a un extremo que ya se hace insostenible, ya en este momento de manera racional nadie puede negar que en Venezuela hay un abuso de poder diario y que la gente está sufriendo, y es obligación humanitaria de los países poner en marcha todos los mecanismos legales de los que disponemos para tratar de impedir que esto continúe".
