Los italianos se quejan, sobre todo, por el caso de la escuela de Amatrice. Un edificio restaurado en 2012 con 700mil euros para adaptarlo a las normas antisísmicas, y que ha quedado reducido a escombros.
La fiscalía italiana ha abierto una investigación. Se trata de saber si ha habido, como muchos sospechan, malversación de caudales públicos.
Protección civil había destinado otros 2 millones para que algunos edificios, como el hospital de la localidad, fueran reestructurados para soportar terremotos.
También se investiga por qué el campanario de Accúmoli, epicentro del terremoto, que fue sometido a intervenciones antisísmicas, se ha derrumbado completamente.
"Espero que se haga la luz sobre el desastre con la máxima transparencia", confiesa Stefano Petrucci, alcalde de Accúmoli.
A esta sospecha y de que se podría haber minimizado la magnitud de la tragedia, se suma la preocupación de los supervivientes por las tareas de reconstrucción.
Siete años después del terremoto de L'Aquila, a medio centenar de kilómetros de distancia, con miles de millones de euros invertidos, juicios por corrupción, condenas por falta de prevención, el cento histórico de la ciudad -desde 2009- sigue cerrado por obras.
El primer ministro, Matteo Renzi, ha prometido una plan para mejorar la
seguridad de las viviendas pero muchos dudan de que se ponga en
marcha.
