Madrid quiere obligar por ley a vacunarse en caso de epidemia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está a favor de establecer vacunas obligatorias para los madrileños en caso de epidemia, una propuesta que incluirá en el anteproyecto de la primera ley de salud pública de la región, en proceso de elaboración. Este tema es una de las principales novedades que el Gobierno madrileño pretende introducir en el anteproyecto, que acaba de pasar por el proceso de consulta pública previo a la redacción del texto.

"Todas las vacunas serán gratuitas y voluntarias, salvo en el caso de epidemias que justifiquen la obligatoriedad", ha dicho en declaraciones el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en relación a esta propuesta. En la actualidad, ha recordado que no hay ninguna legislación que obligue a vacunarse, pero sí un calendario de vacunación recomendado por la Comunidad de Madrid y que el consejero defiende cumplir pese a las "discusiones y controversias" que pueda haber al respecto. "Las vacunas son un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva", ha comentado.

En el texto que justifica la necesidad de impulsar una ley de salud pública, el Gobierno madrileño advierte del aumento de la población, de la esperanza de vida y de los hábitos "mayoritariamente sedentarios" de la población, por lo que defiende "un nuevo paradigma preventivo y promotor de salud como único camino para poder hacer sostenible el sistema".

Por otro lado, alega que en la actualidad la Comunidad "no cuenta con una norma específica" sobre salud pública, "más allá de los artículos específicos" contenidos en la ley de ordenación sanitaria. El consejero considera que esta ley, de 2001, "no es suficiente" y aboga por "unificar toda la normativa de salud pública" existente en un nuevo texto que no anulará los anteriores, sino que los "mejorará".

Para ello, la futura norma recogerá y ampliará las acciones relacionadas con la inspección y protección de la salud pública, así como con los sistemas de información, prevención y promoción de la misma.

Junto con las vacunas, otro de los asuntos más novedosos que plantea el Gobierno regional en el anteproyecto de la ley es el reconocimiento de los servicios de inspección como agentes de la autoridad sanitaria. "Es un paso muy importante", asegura el consejero, que ha señalado que en la actualidad la labor de los inspectores es informativa "pero no pueden tomar decisiones". El cambio les permitiría "cerrar establecimientos o inmovilizar un alimento" cuando haya riesgos para la salud pública, un asunto que ahora es competencia de la Dirección General de Salud Pública.

La futura norma busca precisamente consolidar el proyecto iniciado con la recuperación de este órgano en 2015, según ha recalcado el consejero. El diseño inicial del anteproyecto de ley consta de una disposición de motivos, seis títulos una disposición adicional, dos transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En su contenido, el Gobierno regional también tiene previsto regular actividades de promoción de hábitos saludables y aspectos relacionados con la salud laboral, la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria.

Respecto a los hábitos saludables, el consejero ha avanzado el interés del Ejecutivo madrileño en implantar programas educativos sobre salud en guarderías, colegios, institutos e, incluso, universidades públicas madrileñas. "Me encantaría que hubiera una nueva materia, una asignatura de educación para la salud", confiesa Sánchez Martos. En ella, incluiría información relacionada con la alimentación, el ejercicio físico y la prevención de drogas "incluidos el tabaco y el alcohol". Con todo, reconoce que esta asignatura es una idea suya que, en todo caso, habría que concretar en el desarrollo normativo de la ley.

Finalizado el proceso de consulta pública en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el anteproyecto de ley se someterá a principios de octubre al trámite de audiencia e información pública para "enriquecerlo" con las propuestas de los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones. La intención del Gobierno regional es presentar el texto en la Asamblea de Madrid para su debate a comienzos de 2018.