El Ministerio de Sanidad ha facilitado los nombres de los expertos que gestionaron el informe de la desescalada del coronavirus. Lo ha hecho a través de un comunicado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a quien ha proporcionado las identidades de los técnicos de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que llevaron a cabo esta labor en coordinación con las comunidades.
El comunicado, aportado por Sanidad este martes, responde a la solicitud del CTBG presentada el pasado 30 de noviembre. El Consejo consideraba que la revelación de dichos nombres no vulneraba el derecho a la protección de datos, sino que favorecía al control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en "decisiones relevantes".
Por ello, dieron un plazo máximo de 10 días al Ministerio, con el fin de que les facilitara la identidad de los profesionales que elaboraron el informe de la desescalada.
Hubo una primera respuesta por parte de Sanidad, que entró dentro de la cuenta atrás. Fue la realizada el pasado 10 de diciembre, por la que Salvador Illa, encargado de este departamento de gobierno, eludía dar a conocer las identidades amparándose en la obligación de consultar previamente a los implicados.
Una vez Sanidad procedió a ese gesto, todos los expertos dieron su consentimiento, por lo que este martes se ponía fin a la solicitud del CTBG.
"Todos los técnicos han prestado su consentimiento sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal, por lo que se cumpliría así la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre sus datos protegidos", explicaba el documento.
La gestión de la desescalada se coordinó con las comunidades autónomas
En su comunicado, Sanidad insiste en que la elaboración de los informes técnicos durante la desescalada "fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y del CCAES", dirigido por Fernando Simón.
Además, añade que ese trabajo se hizo en coordinación con las Consejerías de Sanidad de dichas autonomías, "haciendo un análisis conjunto de la situación" de la pandemia del coronavirus.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó el pasado 13 de diciembre que los expertos, a los que calificó como "funcionarios", tenían derecho a proteger su intimidad. "No tengo inconvenientes en dar los nombres. Pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?", preguntaba durante una entrevista.
Por ello, en su comunicado aluden su retraso a una única intención, la de "garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo", adelanta EFE.
