15.000 euros por pasar casi dos años en la cárcel de Lugo de forma indebida

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictó esta sentencia, considerando que el encarcelamiento, en una prisión de Lugo, fue “indebido” y que la acusación que originó su prisión se basaba en pruebas que más tarde fueron puestas en duda y desestimadas.

El hombre fue detenido el 23 de diciembre de 2014 en el marco de una operación antidroga, después de que las autoridades encontraran cuatro kilos de heroína en el interior de su vehículo. Además, se habían interceptado conversaciones telefónicas que supuestamente vinculaban al detenido con una red de tráfico de drogas. Sin embargo, más tarde y durante el proceso se demostró que estas pruebas no cumplían con los requisitos legales para ser utilizadas en un juicio, y los testigos clave no fueron localizados para ratificar las declaraciones que se derivaban de ellas. Como consecuencia, la acusación no pudo sostenerse, lo que llevó al sobreseimiento provisional del caso en el año 2021.

El tribunal estableció que la compensación debía basarse en el daño moral y psicológico ocasionado por la privación de libertad, aunque excluyó otros perjuicios adicionales, como la muerte de sus padres durante su encarcelamiento, que no fueron considerados parte de los “daños directamente vinculados a la prisión”.

El demandante había argumentado que su encarcelamiento le impidió asistir a los funerales de sus progenitores, pero la Audiencia Nacional resolvió que este tipo de sufrimiento no merecía una indemnización adicional, al considerarlo un “daño connatural a la prisión”.

Este fallo se enmarca en un contexto más amplio de jurisprudencia sobre indemnizaciones por prisión preventiva, que ha sido matizada en varias sentencias del Tribunal Constitucional. Entre las más relevantes están la STC 85/2019, que establece que sólo se tiene derecho a indemnización cuando se demuestra un perjuicio claro tras una prisión preventiva que termine con una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre.

Una de cal y otra de arena

De acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, no se concede una indemnización automática tras la resolución de estos casos, sino que cada situación debe ser evaluada teniendo en cuenta los perjuicios directamente causados por la privación de libertad. La jurisprudencia más reciente refuerza esta postura, limitando la indemnización a aquellos casos donde el daño haya sido probado y relacionado específicamente con la ilegalidad de la prisión preventiva.

En este caso, aunque la indemnización solicitada fue considerablemente más alta, el tribunal le ha dado la razón frente a la Abogacía del Estado y ha considerado que los daños causados por la privación de libertad durante 20 meses justificaban una compensación de 15.000 euros, una cifra que se ajusta a precedentes judiciales similares.

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