Profesores
23 profesores de instituto de Andalucía se quedan en la calle por una sentencia del TSJA
Estos profesores podrán aspirar a las plazas vacantes ofertadas en enero.
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23 profesores interinos de Geografía e Historia se quedan en la calle por el cumplimiento de una sentencia que se deriva de un procedimiento judicial del año 2016. Este comenzó a partir de la denuncia que interpuso un profesor sobre la forma en la que se ordenaba al personal interino en las bolsas bilingües en aquel entonces.
Así lo explicó la Consejería, diciendo que la sentencia del TSJA hace referencia a "un procedimiento judicial del año 2016 que parte de la denuncia ante los tribunales de un profesor sobre el modo en que se ordenaba entonces al personal interino en las bolsas bilingües, diseñado por la anterior administración socialista".
El profesorado que resulta afectado de este procedimiento judicial fue avisado, según la Consejería: "fue notificado y emplazado a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 17 de noviembre de 2017 mediante la publicación de una resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería a estos efectos".
Podrán aspirar a plazas interinas
La Consejería de Educación y Deporte ha anunciado que aquellos profesores que en el año 2016 entraron por un "procedimiento declarado ilegal" en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han visto "reconocido todo el tiempo de servicios prestados, con el que se incorporarán a la bolsa ordinaria correspondiente".
Además, "podrán concurrir a partir de la primera convocatoria del portal oficial del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) en enero a las plazas vacantes ofertadas, y seguir prestando servicios a la Administración educativa".
También confiesan que se han estudiado algunas opciones para los 23 profesores "Esta Consejería ha estudiado distintas opciones para estos 23 profesores, siempre atendiendo al cumplimiento de la normativa, dado que no cabe en ningún caso un aplazamiento hasta final de curso, puesto que supondría incumplir la sentencia, perjudicar los derechos de otro profesorado y por tanto incurrir en un posible delito de prevaricación".
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