Fachada de una Delegación de Hacienda

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A 80 ENTIDADES PÚBLICAS

El 43,1% de los ciudadanos no entiende el lenguaje de la Administración

El Defensor del Pueblo pide a las Administraciones Públicas que respondan a las peticiones de información de los ciudadanos con mayor prontitud y con un lenguaje más comprensible.

El Defensor del Pueblo ha recomendado a 80 administraciones públicas que respondan con mayor prontitud a las peticiones de información de los ciudadanos y que utilicen un lenguaje comprensible, después de que un 43,1% de los encuestados asegure que no entiende los escritos administrativos.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo detalla que la encuesta se interesaba por "la dificultad para acceder a la información pública, la vía utilizada para contactar, así como la claridad de la respuesta recibida y el tiempo transcurrido hasta obtener la información solicitada".

Según la nota, un 26,3% de los entrevistados asegura que "había tardado meses en recibir contestación de la Administración" y un 44,2% había usado internet para formular sus peticiones. Además, el 75,1% de los encuestados sabe cómo obtener información pública y el 79,3% dice conocer la existencia de la Ley de Transparencia.

Los resultados de la encuesta revelan que los ciudadanos se dirigen indistintamente a las administraciones municipal (29,9%), autonómica (31%) y del Estado (28,2%) y que los asuntos que más les interesan están relacionados con educación, sanidad, empleo, seguridad social e impuestos.

En cuanto a los escritos del Defensor del Pueblo, un 75,8% asegura que son fáciles de entender, el 79% destaca que ha recibido respuesta a su consulta y el 58% considera que dicha información ha resultado suficiente.

Las recomendaciones del Defensor del Pueblo han sido dirigidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las comunidades autónomas, a los 10 ayuntamientos con mayor población y a las diputaciones provinciales.

Con estas recomendaciones, que también han sido trasladadas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Institución quiere ayudar a mejorar el funcionamiento, transparencia y claridad de las administraciones en su relación con los ciudadanos.

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