La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha decretado la apertura del juicio oral por el accidente del metro de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, que sentará en el banquillo a ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J), Rosa Garrote, ha manifestado su satisfacción por la apertura del juicio, aún sin fecha, ya que supone "un paso menos" de los que les quedan en el camino para "llegar al final" y para que "se haga justicia".
El Juzgado número 21 de Valencia concluyó el pasado 31 de octubre la instrucción del caso, después de rechazar el sobreseimiento solicitado por los exdirectivos y decidió incoar el procedimiento abreviado para estas ocho personas, entre ellas la exgerente de FGV Marisa Gracia y el exjefe de talleres.
Además de Marisa Gracia, entre los investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo, todos ellos miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de esa empresa pública.
La Fiscalía pedía, en sus conclusiones provisionales, tres años y siete meses de prisión para la exgerente de FGV y para los otros siete procesados en la causa, al considerarlos autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio, por imprudencia grave profesional; de 37 delitos de lesiones, por imprudencia grave profesional; y de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo solicitaba que se declare la responsabilidad civil directa de la compañía Zurich España SA, y subsidiaria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal.
En su escrito, la Fiscalía relata una serie de "graves deficiencias" en la línea de metro accidentada, la línea 1, y asegura que "eran conocidas" por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser "controladas" y en su caso sancionadas.
Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad y su poder de decisión directo para decidir medidas de seguridad, "conocían o debían conocer" las deficiencias, que ponían de manifiesto "defectos muy graves de seguridad" en la línea 1, señalaba la Fiscalía en sus conclusiones.
La presidenta de la AVM3J, Rosa Garrote, ha manifestado su satisfacción por la apertura del juicio oral que permitirá, ha dicho, "pedir explicaciones a quienes tomaron las decisiones" sobre la situación de la línea 1, que es "lo que llevamos pidiendo desde hace doce años", ha dicho.
