Ada Colau exige a la justicia revisar los criterios de desahucios tras el suicidio de un hombre al que iban a desalojar

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado este martes el suicidio de un vecino de la ciudad, que se quitó la vida ayer lunes cuando iba a ser desahuciado. "Es una muerte que no debería haberse producido. Exigimos que los juzgados revisen los criterios con los que deciden aplicar o no la moratoria vigente", ha explicado.

En un mensaje en Telegram, la alcaldesa ha destacado que los servicios sociales habían "acreditado" la situación de vulnerabilidad del hombre, en el paro, en un informe con fecha del mes de abril.

Moratoria aprobada por el Gobierno

Con ese informe la abogada del hombre solicitó dos veces que se parara el desahucio al amparo de la moratoria aprobada por el Gobierno, lo que el juez rechazó.

"Una decisión que no compartimos ni entendemos, y hasta el último momento los servicios municipales han intentado mediar para frenar el desahucio", ha añadido, al tiempo que enviaba un "abrazo a todos sus seres queridos, y al personal municipal al que le ha tocado vivir un momento tan difícil".

Además, ha exigido al PSOE que "desbloquee ya la propuesta de una nueva ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada".

Demanda por impago

El hombre se suicidó este lunes en su casa cuando iba a ser desahuciado, después de que el propietario del inmueble -al que le dejó de pagar en 2020- presentara a principios de 2021 una demanda por impago de alquiler.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicado que el juzgado rechazó la paralización tras recibir el informe, "pues las circunstancias que allí se recogen no son las que regula el Real Decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión del lanzamiento".

Además, según ha detallado el TSJC, cuando el juzgado entregó al inquilino la ficha para que indicara si necesitaba ayuda de servicios sociales, no la cumplimentó, lo que "implica que el juzgado no disponga de autorización" para trasladar información sobre el procedimiento.

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