El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite la querella de dos periodistas y sus empresas contra el juez de instrucción de Palma Miguel Florit, que la semana pasada ordenó requisar los teléfonos de los informadores para investigar la filtración de un informe en el caso Cursach. La sala Civil y Penal del alto tribunal balear ha dictado un auto en el que asume el estudio de la denuncia, planteada por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
La querella la presentaron el Editora Balear, empresa titular del Diario de Mallorca, y Europa Press, así como los redactores José Francisco Mestre, del periódico, y Blanca Pou, de la agencia de noticias. El Tribunal Superior de Baleares ha designado instructora de la causa, que declara por el momento secreta, a la magistrada Felisa Vidal.
Los magistrados justifican el secreto, cuya prolongación dejan en manos de la instructora, en que la requisa de los teléfonos y ordenadores y las órdenes de registro en las redacciones de los dos medios de comunicación se realizó "en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas". El Tribunal recuerda que respecto a la personación de Editora Balear decidió el pasado viernes que, al no estar afectada "personal y directamente" la empresa participa en el proceso como "acción popular", para lo que le requirió una fianza de 2.000 euros.
Los magistrados dejan en manos de la instructora cualquier decisión respecto a la petición de los querellantes de "inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados".
Los denunciantes argumentaron en su querella que el juez Florit "ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido mediante su reducción a un mero derecho a rehusar el testimonio, absolutamente inútil para alcanzar el fin de protección de la norma constitucional si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes pueden ser registradas y/o incautadas".
La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes al juez instructor su escrito de acusación en el caso Cursach, en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.
