Tribunales
La pareja de Ayuso se niega a declarar hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso: "me han prohibido declarar"
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía previsto este lunes declarar como imputado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros, pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación por otros delitos.
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Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, estaba citado a declarar este lunes como imputado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros, pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación por otros delitos.
La declaración iba a producirse después de cinco suspensiones y casi un año de investigación por un presunto fraude fiscal de los ejercicios 2020 y 2021 y un supuesto delito de falsedad documental. La jueza Inmaculada Iglesias le citó de nuevo ante las advertencias de la Fiscalía de la proximidad de que el plazo de instrucción venciera. La postura que ha tomado el empresario ante el procedimiento legal ha dependido del pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia de Madrid. La defensa de González Amador ya deslizó en alguno de sus escritos que no declararía antes de conocer el desenlace de su recurso.
Finalmente, la pareja de Ayuso se ha negado a declarar ante la jueza Iglesias hasta que la Audiencia Provincial de Madrid no resuelva su recurso por la ampliación de la investigación por otros delitos. Al no acceder la magistrada a la petición de sus abogados de aplazar la declaración, estos le han aconsejado a González Amador que se acoja su derecho de no declarar, ya que si lo hiciera estaría vulnerando sus derechos, han explicado fuentes de su defensa.
Los abogados de González Amador tienen previsto solicitar una comparecencia voluntaria ante la magistrada cuando reciban el auto.
Le prohíben declarar
En torno a las diez de la mañana, la pareja de Ayuso llegaba a los juzgados de Plaza Castilla para declarar como imputado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental de los que se le acusa. En menos de una hora González Amador salía de los tribunales acogiéndose a su derecho de no declarar.
En su conversación con la jueza, el empresario ha recalcado que siempre se ha "personado para declarar la verdad". Sin embargo, "el cambio de criterio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y los aplazamientos exigidos por el partido socialista" han hecho que sus abogados le hayan dicho que no declarase: "Mis abogados, aquí presentes los dos, terminantemente me han prohibido declarar hasta que al menos se pronuncie la audiencia provincial".
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a subrayar su intención de declarar para poner fin a la investigación iniciada en marzo de 2022, "pero ellos me exigen esperar a la resolución de la audiencia", explica González Amador a la jueza.
González Amador, investigado por presunto fraude fiscal desde hace un año
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investiga a González Amador desde hace casi un año, le emplazó a declarar este lunes por el presunto fraude después de suspender sus citaciones hasta en cuatro ocasiones y advertida por la Fiscalía de que el plazo de instrucción está próximo a vencer.
Ni González Amador ni los otros empresarios imputados han prestado nunca declaración ante la jueza, que investiga un presunto fraude de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas para reducir la cuota tributaria a pagar.
La propuesta de un pacto a Fiscalía desembocó en la investigación a Álvaro García Ortiz
Antes de abrirse el procedimiento penal, el abogado de González Amador propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena. La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos fiscales en el Tribunal Supremo.
González Amador también está investigado en una pieza separada, de cuyo futuro depende la resolución de la Audiencia de Madrid, en la que la magistrada indaga en el presunto uso de una sociedad pantalla para facturar unos negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de esta empresa, donde el fiscal ve una posible comisión encubierta.
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