Cádiz
El alcalde de Cádiz envía una carta a Yolanda Díaz para pedir una reunión urgente y resolver la huelga del metal
El regidor gaditano ha solicitado un reunión de carácter urgente y la implicación del Gobierno para mediar y resolver el conflicto con el sector del metal.
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El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha remitido una carta a la ministra de Trabajo del Gobierno central, Yolanda Díaz, en la que solicita una reunión urgente para resolver el conflicto con el sector del metal.
El alcalde gaditano pide la implicación del Gobierno
En la misiva advierte que "es imprescindible hacer todos los esfuerzos desde las instituciones. No sólo debemos mediar en el conflicto y remar para que los trabajadores consigan un acuerdo digno, sino también para que la Bahía de Cádiz tenga un presente y un futuro".
El regidor gaditano también recuerda que en el último mes Alestis ha sufrido 65 despidos y se ha anunciado el cierre de Airbus de Puerto Real. A ello se suma "el descontento de unos trabajadores del metal que sufren una situación de inestabilidad.
La situación es "crítica" y por ello advierte que es necesaria cuanto antes "la implicación del Gobierno".
El Sindicato de Estudiantes se suma a la huelga
Se cumplen ocho días de huelga y las protestas no cesan. Hoy, el Sindicato de Estudiantes se ha sumado a la lucha de los obreros de metal, en una jornada en la que se han producido cargas policiales para evitar que algunos manifestantes cortaran el puente José León de Carranza, uno de los tres únicos accesos por carretera a la capital gaditana.
¿Qué piden los trabajadores?
Los trabajadores exigen un acuerdo con la patronal para negociar un nuevo convenio colectivo y un incremento salarial del IPC para hacer frente a la actual inflación, que se ha disparado hasta superar el 5%.
La subida sería del 2,5% más el IPC anual para 2022 y otra del 3% más IPC para 2023.
Según las estimaciones del secretario general de la Federación del Metal de UGT en la provincia de Cádiz, Antonio Montoro, actualmente hay cerca de 29.000 trabajadores afectados por la situación, a los que se suman 5.600 empresas.
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