Denuncia
Aragón reconoce su fallo en el suicidio de una mujer que se quitó la vida esperando la eutanasia
Los procedimientos para un cambio de doctor fueron tan lentos que la señora no pudo esperar más y decidió quitarse la vida
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El gobierno de Aragón ha reconocido su fallo en el caso de una mujer de 83 años que había solicitado la eutanasia en Zaragoza, pero a quien no se la concedieron. Una situación ante la que ésta solicitó un cambio de doctor, pero tras cuatro meses esperando decidió quitarse la vida.
“El fallo está en el retraso del procedimiento de adjudicación de un médico responsable, cuando su remitido responsable se declara objetor. Ahí es donde hemos fallado”. Estas han sido las palabras de la consejera de Sanidad de la comunidad, Sira Repollé, que ha recordado que la organización “tiene la obligación de adjudicar otro profesional que se haga cargo del caso, en tiempo y forma”.
Sin embargo, en esta historia no fue así. La mujer de 83 años tenía una doctora contraria a la eutanasia y su centro de salud no solicitó los trámites correspondientes. Una realidad ante la que, tras cuatro meses esperando una respuesta, un nuevo doctor que le permitieses –esta vez sí– accionar su decisión, decidió quitarse la vida.
La Consejería de Sanidad afirma que vigilará estas situaciones
Por eso, desde el gobierno de Aragón han decidido “establecer una serie de mecanismos para controlar esta situación” a las personas que “no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma”.
Y ha añadido: “Otra cosa es que el sistema sanitario está formado por muchas personas, con mucha variabilidad individual, pero nosotros nos preocupamos de que todos los profesionales tuviesen información sobre los procedimientos de iniciación de trámites para el derecho de esta prestación”.
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No sólo eso. También “información de cómo podían inscribirse en el registro de objetores porque es un derecho que tienen los profesores”. Por ello ha declarado que la consejería de Sanidad estará “vigilante para que los procedimientos se sigan” y dar así “salida a un derecho de la ciudadanía legislado por la ley”.
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