El Tribunal de Cagliari, Cerdeña, Italia ha archivado las ocho denuncias que Juana Rivas presentó por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus hijos y en la que se basó para no devolver a los niños al padre incumpliendo las resoluciones que le obligaban a hacerlo.
El auto de archivo, de fecha 17 de febrero y consultado por Europa Press, se produce después de que la Fiscalía italiana archivara, en marzo de 2019, estas denuncias, y afecta tanto a las que presentó la madre en Italia como en la localidad granadina de Maracena y que fueron derivadas posteriormente al país alpino.
Denuncias "inverosímiles e inconsistentes"
La juez alude a las denuncias "inverosímiles" e "inconsistentes" de Rivas, así como a la ausencia de "pruebas", así como a la "manipulación" de los dos hijos menores contra el padre. La justicia italiana había unificado en un solo procedimiento las distintas denuncias que Rivas interpuso contra su expareja desde 2016 hasta finales de 2018 y el archivo de la Fiscalía había sido recurrido por su defensa.
Entre las denuncias que analizó la Fiscalía italiana se encuentra la que Juana Rivas interpuso en julio de 2016 en España aludiendo a unos supuestos malos tratos sufridos por parte de su expareja durante su convivencia en Carloforte (Italia) a partir de junio de 2013 hasta que salió con los niños de ese país en mayo de 2016.
La respuesta de Juana Rivas
El equipo jurídico de Juana Rivas ha emitido un comunicado para aclarar que " tal y como se hace constar en la propia Ordenanza, las denuncias formuladas por la Sra. Rivas contra el Sr. Arcuri objeto de archivo, son las presentadas Juana Rivas en el año 2016 y 2018" y que se están investigando "cinco denuncias por malos tratos hacia los hijos, interpuestas en febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2019". "Es por tanto falsa la información que refiere a que han sido archivadas todas las denuncias presentadas por la Sra. Rivas contra el Sr. Arcuri". El próximo viernes, día 21 de febrero, está prevista una Audiencia en la Corte de Apelación de Cagliari, en la que se tratará sobre las medidas cautelares urgentes solicitadas a favor de los menores, y "por respeto a dicha Corte" , "este equipo se reserva hacer declaraciones sobre el contenido de la Ordenanza arriba señalada, hasta tanto no se produzca la citada Audiencia".
La mediadora del Tribunal de Menores dice que Juana Rivas tiene una patología psíquica "asociada a una desorganización mental"
Por otro lado, en octubre de 2019, el Tribunal de Menores de Cagliari se declaró "incompetente" para tomar las medidas solicitadas por Juana Rivas por supuesto maltrato a sus hijos, aludiendo a que tenía recurrida en una jurisdicción superior de la vía civil la guarda y custodia de los niños, que tiene su padre, Francesco Arcuri.
La mediadora nombrada por el Tribunal de Menores había incidido en la necesidad de que Rivas recibiera el "tratamiento" que se estipulaba en la sentencia que dio la custodia exclusiva a Arcuri y que apuntaba a un "funcionamiento psíquico gravemente patológico, asociado a una desorganización mental".
Las denuncias de Juana Rivas en España
Asimismo, en España, y en un auto del pasado 7 de diciembre del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada declaró el sobreseimiento también de una denuncia de Rivas a Arcuri por supuestamente aportar a las autoridades españolas "documentos falsos en los que se decía que los menores tenían la nacionalidad italiana", cuando son españoles de nacimiento.
"En ningún momento se ha discutido ni negado que los niños nacieran en España y sean españoles, lo que sucede es que tienen su residencia en Italia y son también italianos al ser hijos de padre italiano" se dice en el auto.
También en España, Rivas está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por su defensa sobre la sentencia que la condena a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores.
A este respecto, la Fiscalía ha apoyado revocar la sentencia en tanto en cuanto pide que se le condene como autora de un único de delito de sustracción de menores y no dos, con independencia de los hijos afectados. Esto rebajaría la condena de cinco a dos años y seis meses de prisión.
