Monjas Belorado
El arzobispado de Burgos acusa a la exabadesa de Belorado de mentir: "No se ajusta a la verdad"
En un comunicado ha respondido a las críticas de Laura García de Viedma que acusaba al Arzobispado de "asfixiarlas económicamente" y señala que se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes.
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Continúa la guerra de comunicados en el Cisma de Belorado. El último capítulo tiene como protagonista un nuevo cruce de acusaciones entre las monjas excomulgadas, lideradas por la exabadesa Laura García de Viedma, y la archidiócesis.
Sor Isabel, nombre religioso que usaba en el convento, ha responsabilizado al Arzobispo de Burgos, en un programa de televisión, de querer "asfixiarlas económicamente". La respuesta de la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, nombrada por el Arzobispado, no se ha hecho esperar, asegurando que "no se ajusta a la verdad".
En un comunicado remitido a los medios de comunicación señala que "la Comisión Pontificia tiene entre sus funciones preservar el patrimonio perteneciente a los monasterios" y que se les ha negado toda la información legal, tributaria, económica o contable que se les ha requerido. "No solo se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la exabadesa, sino que además nos consta que ha sido dada una orden expresa de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora", aclara.
Un agujero de casi 50.000 euros
El Arzobispado detalla que, hasta la fecha, han recibido más de veinte facturas, por un importe superior a 35.000€ y un total de once nóminas, de casi 10.000€. "Con el exiguo saldo obrante en las cuentas a las que hemos podido tener acceso, que no superaba los 6.000 €, es imposible hacer frente a estas obligaciones", matiza.
La Comisión Gestora está haciendo frente a las facturas pendientes, "atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes". Según detalla el comunicado, "algunas facturas han sido emitidas por proveedores afectados por impagos generados durante meses o incluso años" y se han pagado más de 3.000€ en suministros y más de 18.000€ en créditos bancarios.
El Arzobispado de Burgos niega que se haya ordenado el corte de ningún suministro y advierte de que los servicios jurídicos valorarán las acusaciones de "coacción" porque "actúan con temerario desprecio a la verdad".
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