La medida entró en vigor el uno de enero: se establece un límite de 90 días para darse de alta en el país de acogida, y que sea ese país el que asuma la cobertura sanitaria. Esta disposición no incluye ni a estudiantes, ni a turistas. Ellos pueden solicitar la tarjeta sanitaria europea para recibir esa prestación durante su estancia.
Asturias y Andalucía se oponen y dicen que los emigrantes seguirán manteniendo la misma asistencia a pesar de que estén fuera más de tres meses y a pesar también de haber agotado la prestación por desempleo. Sanidad dice que no se va a excluir a nadie, que todo el mundo tiene garantizada la asistencia médica cuando vuelva y que sólo cumplen con la legislación europea.
Con esta medida, señalan, se intenta evitar abusos de extranjeros que trabajaron aquí, que después volvieron a su país de origen y a los que España sigue costeando sus tratamientos de por vida.
Los españoles que no tienen empleo y que están fuera buscando deberán mantener la residencia en España para poder ser atendidos pasados los 90 días. Los que sí tienen trabajo estarán cubiertos por el país en el que viven.
El problema surge cuando a alguien le contratan y no le quieren dar de alta en su Seguridad Social. Esa situación -dicen- debe denunciarla porque es ilegal. España, afirma Sanidad, también se hace cargo de la asistencia de los extranjeros europeos que trabajan aquí porque sus empresas pagan a nuestra Seguridad Social.
