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TRAS EL ACCIDENTE DE AGOSTO DE 2008

La Audiencia de Madrid archiva la investigación penal del caso Spanair

Los magistrados levantan las acusaciones de los técnicos de mantenimiento de Spanair acusados de la muerte de 154 personas y abrirán la vía civil para seguir con el proceso de indemnizaciones a las víctimas.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la investigación penal que se inició hace cuatro años por el accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en el que murieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas.

En dos autos firmados y notificados hoy mismo, de los que han sido ponentes los magistrados Pilar de Prada y Carlos Fraile, esta sección ha acordado dar carpetazo a la investigación al levantar las imputaciones a los técnicos Felipe G. y José Antonio V. acusados de 154 homicidios imprudentes y 18 lesiones.  

El juez Javier Pérez les responsabilizaba de la tragedia por desconectar el RAT, la sonda que mide la temperatura exterior, lo que habría desconfigurado el avión y los sistemas de alarmas.

Los magistrados acuerdan ahora abrir la vía civil para seguir con el proceso de indemnizaciones a las víctimas. En este sentido, la sección cree que debe haber un procedimiento civil contra la compañía Spanair como responsable directo de la catástrofe ante la muerte de los pilotos.

En el auto, los magistrados esgrimen que la responsabilidad final de la tragedia fueron los pilotos, exculpando a los mecánicos de Spanair. Así, explican que se les olvido desplegar los flaps y slats, es decir, los alerones del avión que permiten que el avión pueda tomar altura.

La sección comenzó el pasado lunes a deliberar acerca de los catorce recursos interpuestos por las partes. El principal recurso se refería al presentado por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 contra el auto dictado por el juez Javier Pérez que procesaba sólo a dos técnicos de Spanair como responsables de los hechos.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 quería que se ampliara el número de imputaciones a los directivos de la compañía española, un extremo que rechazaba tanto el juez como la Fiscalía de Madrid.

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