La Manada
La Audiencia de Navarra embarga el piso a uno de los cinco violadores de 'La Manada' para indemnizar a la víctima
La vivienda ha sido comprada por el padre de Alfonso Cabezuelo, exmilitar y acusado de la agresión sexual, y el dinero de la subasta ha ido destinado a la víctima.
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La Audiencia de Navarra ha localizado y embargado un piso que era propiedad del exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco violadores de una joven en la noche de San Fermín de 2016. La vivienda ha sido subastada, y el dinero obtenido con la venta irá destinado a la víctima. El Tribunal Supremo les condenó a 15 años de prisión y a pagar a la joven 100.000 euros entre los cinco, de los cuales, sólo han abonado 3.865 euros. Durante estos años, los agresores han ido haciendo abonos a la víctima de entre 20 y 50 euros al mes.
La abogada de la joven, clave para el embargo
La magistrada pidió al tribunal que realizase una investigación patrimonial sobre una vivienda que poseía el exmilitar y por la cual cobraba 450 euros mensuales. "Desde la sentencia de julio de 2019, la única cantidad que en concepto de responsabilidad civil se ha efectuado por los penados a favor de la denunciante asciende a 3.865,21 euros", una suma "del todo insuficiente y alejada" del total solicitado, denunció la letrada a la Audiencia de Navarra.
El piso estaba sin pagar
Tras llevar a cabo una investigación sobre la vivienda, la abogada pidió que retuvieran los 450 euros mensuales que recibía el preso. Con la documentación del caso, la vivienda fue tasada en 98.287,50 euros, pero tenía una deuda con el banco de 62.976 euros de la hipoteca. El tribunal decidió embargar la vivienda y la sacó a subasta publica por 35.310 euros.
Tras el interés de varios compradores, en el último momento de la subastas el padre de Alfonso Cabezuelo mejoró la oferta y se quedó con la vivienda de su hijo. Pagó un total de 25.070 euros por el piso, los cuales han ido destinados a la víctima, que continúa en tratamiento psicológico después de siete años.
El perdón a cambio de beneficios penitenciarios
José Ángel Prenda, uno de los cinco violadores, pidió perdón a la víctima en una carta y exigió que el escrito se tuviera en cuenta y se incluyera en el "expediente penitenciario". Teresa Hermida, abogada de la joven, puso en conocimiento que la actitud del implicado estaba relacionada con "una estratagema para conseguir beneficios penitenciarios" e hizo alusión que ni José Ángel Prenda ni los demás acusados habían indemnizado a la joven.
Tras el embargo de la vivienda, la Audiencia de Navarra ha podido recoger parte de la indemnización impuesta por el Tribunal Supremo en 2016, que no estaba siendo pagada por los violadores.
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