La Audiencia tramita la nulidad de Juana Rivas que podría suponer el aplazamiento de la entrega de los niños

La Audiencia Provincial de Granada continúa tramitando el incidente excepcional de nulidad que ha formalizado la defensa de Juana Rivas, la mujer que permanece en paradero desconocido tras incumplir la resolución judicial que la obligaba a entregar a sus dos hijos a su padre, residente en Italia, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar contra ella.

Según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, la resolución de la Audiencia podría suponer el aplazamiento de la ejecución de la sentencia que la obliga a devolver a sus hijos, pero no revocarla.

Aún no ha recabado la Audiencia, como es preceptivo, el criterio sobre este incidente de nulidad de los representantes de la Fiscalía, que mantiene que en los distintos momentos del proceso judicial se han preservado los derechos de los menores y del padre, Francesco Arcuri, que se opondrá a la petición de Rivas.

Este paso judicial de la defensa de la madre de Maracena está relacionado con la anulación del recurso de queja que interpuso ante el Supremo, el cual se tramita desde el tribunal provincial, han precisado estas fuentes.

Asimismo, la representación legal de esta vecina de Maracena (Granada) ha presentado este pasado martes un escrito para que se declare la firmeza de esta sentencia de la Audiencia que la obliga a restituir a los niños, lo cual constataría que está agotada la vía civil ordinaria, de tal modo que el Tribunal Constitucional pudiera admitir el recurso de amparo presentado por Rivas.

Ello no afectaría en ningún caso a la vía penal abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que, habilitado para esta causa en agosto, ha citado a declarar al padre y a la madre de los niños el próximo 8 de agosto acerca de los posibles delitos que podría haber cometido esta última por no devolver los hijos al progenitor.

Lo hace después de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada denegara las medidas cautelares que Francesco Arcuri había solicitado contra su expareja, entre las que figuraba una orden internacional de detención, y trasladara las actuaciones al Juzgado de Instrucción al objeto de investigar estos posibles delitos.