Cae una organización dedicada a la explotación laboral que actuaba en España y Rumanía

Las investigaciones se iniciaron en Agosto de 2011, cuando un familiar de una de las víctimas presentó una denuncia en la localidad alicantina de Benidorm, poniendo de manifiesto que una familia se encontraba retenida contra su voluntad, siendo explotada laboralmente por un grupo de personas de nacionalidad rumana en una vivienda de la localidad de La Roda, en Albacete.

La Guardia Civil  localizó a la persona que estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Además,  pudieron  localizar en diferentes puntos de España y en Rumania a más víctimas que estaban siendo explotadas laboralmente y retenidas en contra de su voluntad, todas ellas de nacionalidad rumana. Los agentes se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest, donde conjuntamente con la Policía de aquel país se pudo identificar a los integrantes de la organización criminal en ese país.

Los integrantes de la organización captaban a sus víctimas en Rumania, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado y sin especialización, todo ello formalizado en un contrato firmado en presencia de un abogado para dar más apariencia de legalidad. Además prometían alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno.

Cuando la organización captaba a un determinado número de víctimas, formaba grupos para trasladarlas a España en autobús o microbus, siempre acompañados por miembros de la organización, donde posteriormente eran entregadas a los encargados en España para custodiarlas y llevarlas a los lugares de trabajo.

A continuación, la red exigía a las víctimas los gastos ocasionados por los traslados, manutención, alojamiento y obtención de documentación en nuestro país, consiguiendo de esta forma que adquirieran una deuda con los miembros de la organización que tenían que saldar con el trabajo diario. En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en España, en el registro de ciudadanos de la Unión Europea.

Una vez en España, las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad, llegando a albergar un mismo domicilio 30 personas , con jornadas laborales en campañas agrícolas de sol a sol y siempre bajo amenazas y agresiones por parte de los miembros que se encargaban de su vigilancia.