Navacerrada

Castilla y León desafía al Gobierno rechazando el cierre de Navacerrada, que ya está lista para su apertura

La Abogacía del Estado interpone un recurso contra Castilla y León por la ocupación ilegal de Navacerrada. Además, solicita medidas cautelares que impidan realizar actividades de esquí hasta resolver el recurso.

Publicidad

Ayer por la tarde, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras reunirse conIsabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, afirmó que ''el concesionario de las pistas de Navacerrada van a seguir prestando su actividad. No hay inconveniente alguno. Es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas''.

En Castilla y León, concretamente en la provincia de Segovia, se halla parte de los terrenos en disputa. El Gobierno de Madrid emitió un comunicado en que celebrara el anuncio, debido a que el Ejecutivo de Ayuso lleva ''meses denunciando la medida del cierre de las pistas por injusta''. ''No existían argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran dicha decisión'', subrayaron. Además, los daños colaterales del cierre serían perderse entre 300 y 500 empleos.

A última hora, el Ministerio que preside Teresa Ribera emitió un comunicado en el que asegura que ''en ningún caso compete a la Junta decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales''.

Conflicto en Navacerrada

El conflicto surge porque, según el Ejecutivo Central, en octubre se mandó un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que ''resolviera las solicitudes presentadas''. Es decir, acerca de la prórroga de dos años que la empresa solicitaba para retrasar el cierre. Sin embargo, el Gobierno autonómico se declaraba ''incompetente'' para decidir el futuro de la prórroga.

''La negativa de la Junta no deriva de las declaraciones del presidente, sino de ese acuerdo del Consejo de Gobierno. Lo que ha hecho el presidente es hacer una valoración política, ya que se trata de un ataque al medio rural, uno más, por parte del Ministerio'', afirma Suárez-Quiñones.

De todos modos, el Ejecutivo de Sánchez ha anunciado la interposición de la Abogacía del Estado en un recurso contencioso administrativo en contra de la Junta de Castilla y León por las declaraciones de Mañueco. Se ha ''autorizado la solicitud de medidas cautelares que eviten la práctica de actividades de esquí y la utilización de las instalaciones'' en Navacerrada hasta la resolución del recurso.

Publicidad