Informe Plataforma de Infancia
Cerca del 9% de los adolescentes sufre violencia sexual por otros menores: "Es importante que nos planteemos qué está fallando"
Que la mayoría de los casos de violencia sexual hacia la infancia son ejercidas por adultos es algo conocido y contra lo que se lucha.
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Llama la atención que aproximadamente un 60% ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital. Según Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia es importante dar estos dos mensajes a los políticos: "La violencia sexual entre adolescentes no para de crecer. Es importante que nos preguntemos por qué y que nos planteemos qué está fallando, sin criminalizar a la adolescencia, pero sí haciéndoles partícipes. Necesitamos poner en marcha políticas públicas que miren de frente a este problema", ha señalado en estas jornadas.
En pleno siglo XXI la adolescencia es una etapa marcada por la violencia sexual. Del total de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que contactaron con las líneas de ayuda de la Fundación ANAR entre 2019 y 2023, un 21,4% relató que había sufrido agresiones sexuales por otra persona de su edad o similar. Según López "aunque los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguen siendo en su mayoría perpetrados por personas adultas, llama la atención el elevando volumen de casos de violencia sexual cometidos por menores de edad", ha añadido.
La más frecuente, en redes sociales
Además, la violencia sexual en el entorno digital es ya la más frecuente entre adolescentes. Según el estudio publicado por el GREVIA, Grupo de Investigación sobre Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, un 12,1% de las y los adolescentes encuestados comunicó algún caso de violencia sexual en el entorno digital en el último año, siendo el que más se reportó. En estas jornadas se ha presentado también la campaña de sensibilización de la Plataforma de Infancia 'Una adolescencia sin violencia sexual', en la que, a través de diferentes piezas audiovisuales protagonizadas por adolescentes, se hace un llamamiento a políticos, Administración Pública, profesorado, madres y padres, para que actúen frente a la violencia sexual entre adolescentes.
Un llamamiento de atención cuya clave, según las organizaciones de infancia, pasa por adoptar políticas públicas que aborden los diferentes retos a los que nos enfrentamos para garantizar una adolescencia sin violencia sexual, como la falta de una educación afectivo sexual de calidad que incide también en el consumo de pornografía como manera de buscar las respuestas que no encuentran en otro sitio, normalizando la violencia sexual.
Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia ha destacado que "es necesario poner en marcha medidas que ofrezcan a la población adolescente educación afectivo sexual y también educación en el entorno digital tanto para las propias niñas y niños, como para familias y profesionales, para conocer los riesgos existentes y las herramientas que hay para protegerlos, así como establecer mecanismos de denuncia adecuados y que las personas que trabajan en centros educativos, centros sanitarios y servicios sociales estén formadas y coordinadas",
Años en denunciar
Una víctima de violencia sexual en la infancia o adolescencia tarda, de media, 17 años en contar o comunicar lo que le sucedió, entre otras cosas, por la falta de canales de denuncia o de comunicación claros, accesibles y universales, que den seguridad a las víctimas para dar el paso de denunciar, y por el desconocimiento de los ya existentes. "Una comunicación rápida de un caso de violencia sexual es esencial para la protección de la víctima y para su recuperación", ha explicado Ricardo Ibarra.
En el encuentro, inaugurado por Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, y clausurado por Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se han celebrado dos mesas de debate sobre las carencias y retos en la lucha contra la violencia sexual en la adolescencia, y las políticas públicas necesarias frente a este problema, que han contado con la participación de expertas en la prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, procedentes del ámbito académico y social.
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