La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Cádiz acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de menores extranjeros no acompañados por toda España a los que captaban en centros de acogida de Andalucía para trasladarlos hasta una vivienda donde eran retenidos mientras exigían a sus familias el pago de entre 400 y 500 euros a cambio de su puesta en libertad.
Según informa el Instituto Armado, la denominada operación 'Guardería', desarrollada también en la provincia de Murcia, ha permitido desarticular este grupo criminal con la detención de cinco personas a las que se les atribuyen delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, detención ilegal, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, ya que en los dos registros domiciliarios practicados en el municipio gaditano de Puerto Real se han incautado tres kilos de hachís, diez teléfonos móviles, tres ordenadores y 3.600 euros.
La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando un menor de nacionalidad marroquí denunció ante la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar (Murcia) que había llegado a España a través de una organización criminal dedicada a introducir en territorio nacional a inmigrantes procedentes del norte de Africa, mayoritariamente menores de edad.
En su relato, el menor detalló que, una vez interceptado en línea de costa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fue trasladado a un centro de acogida ubicado en La Línea de la Concepción, donde los jóvenes gozaban de régimen semiabierto que les permitía salidas esporádicas del establecimiento. Durante una de ellas, un individuo que merodeaba por la zona se ofreció, tanto al denunciante como a otros compatriotas, a "llevarlos a casa junto a su familia" y "ayudarlos en todo lo que necesitaran".
A raíz de esta denuncia, agentes de la Guardia Civil de Murcia y Cádiz establecieron una investigación conjunta para esclarecer los hechos, lo que permitió identificar al sospechoso, así como detectar su habitual presencia en los aledaños del centro de menores donde intentaba captar a jóvenes en situación de desamparo.
Los investigadores averiguaron que después de convencerlos, los trasladaba hasta una vivienda aislada de grandes dimensiones, en Puerto Real, donde los mantenía durante varias jornadas en pésimas condiciones de habitabilidad y salubridad. Días más tarde, eran trasladados en autobús hasta otras provincias de la geografía española (Barcelona, Bilbao, Murcia, Madrid, Granada, y otras). Según la investigación, esta red criminal contactaba con sus familiares en Marruecos y les solicitaba el pago en efectivo de entre 400 y 500 euros por cada uno de ellos como condición para ponerlos en libertad.
