El Colegio de Médicos se querellará por las mascarillas defectuosas utilizadas por sanitarios que se han contagiado por el coronavirus

El Colegio de Médicos llevará a los tribunales el reparto de mascarillas defectuosas compradas por el gobierno. Aseguran que personarán como acusación en los casos en los que los sanitarios se hayan contagiado tras utilizar ese material.

La representación de los médicos considera esta situación como "intolerable" porque no solo genera "más desconfianza" en la acción del Gobierno, sino que se suma a la situación de "indefensión" a la que están sometidos los profesionales sanitarios.

Las mascarillas que no cumplen la normativa europea fueron compradas a China y se distribuyeron sin comprobar su efectividad. 350.000 se han retirado ya después de que Cataluña y Aragón alertaran de su escasa eficacia.

Los sanitarios denuncian una cadena de errores que les puso en peligro

Muchos sanitarios aseguran que han estado usando turno tras turno una supuesta protección sin ser conscientes de que estaban expuestos al virus. Algunos ya han dado positivo por COVID-19 y denuncian que no hubo diligencia desde el aviso del ministerio hasta su retirada lo que les dejó expuestos al coronavirus. Y no sólo a ellos, denuncian que también a sus familias puesto que regresaban a sus casas creyendo que durante su jornada laboral se habían protegido.

Este tipo de mascarilla defectuosa se han distribuido en centros de Atención Primaria, Residencias de mayores e incluso entre los trabajadores de CORREOS. Desde el sindicato de funcionarios CSIF exigen responsabilidades y que se hagan pruebas a todos los trabajadores, especialmente a los que han usado esta mascarilla y se guarde la debida cuarentena. Exigen responsabilidades ante un fallo más que se suma a una cadena de errores.

Quieren que las bajas sean consideradas accidentes de trabajo

En esta pandemia han muerto ya 34 profesionales sanitarios en España y 30.000 han dado positivo por COVID-19, más de un 15% del total de los contagiados en nuestro país. Los sindicatos y asociaciones profesionales afectados por el virus piden que se les consideren profesiones de alto riesgo de exposición, y que las bajas laborales se consideren accidente de trabajo.