Comienza el derribo de 214 viviendas ilegales en el litoral de Cantabria

Las viviendas del Alto de El Cuco fueron autorizadas en 2004 por el Ayuntamiento de Piélagos, en Cantabria. A diferencia de otras urbanizaciones de Cantabria, no hay propietarios afectados por su derribo, ya que la aseguradora de la constructora, Martinsa Fadesa, se vio obligada a devolver las cantidades aportadas por los compradores.

Formaban parte de un plan parcial que también fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 2007, y que incluía la construcción de diferentes tipos de viviendas, hasta 400, de las que finalmente se edificaron 214.

Los trabajos de demolición durarán seis meses y tendrán un coste de un millón de euros, al que hay que sumar otros 2,7 millones para la restauración ambiental de la zona.

Es la segunda urbanización ilegal en ser demolida en Cantabria, tras la de la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, donde se tiró alrededor de un centenar de viviendas.

En la comunidad autónoma quedan unas 600 viviendas con sentencia firme de demolición y el Gobierno regional ha impulsado en los últimos años distintas leyes para tratar de solucionar el problema de los propietarios afectados.