Una comunidad de vecinos de Málaga prohíbe que su presidente no hable castellano

En esta comunidad de vecinos, como en tantas otras de la Costa del Sol, muchos de los inquilinos son extranjeros y algunos no saben español. Esa circunstancia obliga a tener que pagar los gastos de un intérprete, tanto cuando el resto de vecinos quieren hablar con él como cuando el presidente tiene que realizar alguna gestión para la buena marcha del inmueble.

La Asociación Diversidad y Competencia ha promovido esta iniciativa con el objetivo de ahorrar los gastos de traducción y argumentando que quien viene a vivir a España debe conocer el idioma. En caso contrario deberán ser los propios extranjeros quienes corran con los gastos del traductor. Esta misma asociación propone que los ayuntamientos obliguen a los comercios a rotular en castellano.