Condenado a prisión un cura de Cádiz por robar más de 360.000 euros de su parroquia

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado recientemente al sacerdote Antonio Casado a dos años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Entre enero de 2014 y mayo de 2018, Casado desvió un total de 366.027 euros de las cuentas de la parroquia del Divino Salvador en Vejer de la Frontera, donde ejercía como párroco. Estos fondos fueron transferidos a cuentas de su titularidad y a las de Miguela Domingo, considerada su pareja de hecho y también condenada en este proceso.

Durante el juicio, Casado alegó que realizó estas transferencias debido a una supuesta extorsión relacionada con la adopción de un menor en Guinea Ecuatorial en 2007. "Ante la circunstancia del hallazgo de un menor gravemente enfermo en un orfanato en Guinea Ecuatorial, donde (el cura) estaba como misionero, recibió el mandato de traerlo a España para ser tratado, con la finalidad de salvarle la vida, como así hizo, convirtiéndose dicho objetivo en una misión para él que lleva a cabo bajo la supervisión, consentimiento y oportuna autorización del entonces obispo de Cádiz y que pasaba por la adopción del menor", manifestó su abogado en sede judicial.

Según su testimonio, recibió amenazas que le exigían más dinero para el proceso de adopción, temiendo perder al niño. Sin embargo, el tribunal desestimó esta versión, señalando que las transferencias se efectuaron varios años después de la adopción y que no existen pruebas que respalden la existencia de tal extorsión.

El dinero de la parroquia, a su cuenta

La investigación reveló que Casado realizó un total de 167 transferencias bancarias desde las cuentas de la parroquia, destinadas a enriquecer ilícitamente su patrimonio y el de Miguela Domingo. Domingo, por su parte, admitió los hechos y consignó 165.300 euros para resarcir los daños, lo que le permitió obtener una reducción de su pena a seis meses de prisión.

Es relevante destacar que, antes de este proceso penal, Casado ya había sido condenado por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España por administración desleal y sustracción de bienes eclesiásticos. Esta sentencia eclesiástica le impuso una suspensión de tres años en el ejercicio sacerdotal.

La Fiscalía inicialmente solicitó una pena de ocho años de prisión para Casado, pero durante el juicio redujo su petición a cuatro años, considerando el tiempo transcurrido desde que se destapó el caso y la cantidad ya consignada por Domingo. Finalmente, la Audiencia Provincial impuso una pena de dos años y medio de prisión al sacerdote.

Este caso ha generado una considerable conmoción en la comunidad de Vejer de la Frontera y en la diócesis de Cádiz. La sentencia subraya la gravedad de la apropiación indebida de fondos destinados al sostenimiento de la actividad parroquial y al servicio de la comunidad.

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