Corina
Corinna Larsen demanda al rey emérito y al CNI español en Reino Unido por "vigilancia ilegal"
Según el Financial Times, la empresaria alemana ha pedido a los tribunales británicos que interponga una orden de alejamiento.
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Corinna Larsen ha demandado al rey emérito, Juan Carlos I, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante el Tribunal Superior de Reino Unido por acoso y por "vigilancia ilegal". Según el diario Financial Times, la empresaria alemana pide una compensación económica por daños y que el monarca no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.
Orden de alejamiento
En la denuncia, Larsen acusa al monarca y a los servicios secretos españoles de perseguirla "desde 2012 hasta el presente" mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto. Sería la primera vez que este asunto llega a los tribunales, aunque las acusaciones no son nuevas. En octubre del pasado 2020 confirmó en una entrevista que tanto ella como su equipo estaban siendo vigilados. "He tenido razones para temer por mi vida", dijo entonces. La vigilancia, según la empresaria, no sólo continuó, sino que se acentuó con la llegada del coronavirus.
Asimismo, asegura que el ex jefe del Estado le entregó 65 millones de euros que presuntamente procedían de una donación de Arabia Saudí pero que lo hizo como regalo para ella y sus hijos. Ahora debe resolverse si la justicia inglesa es competente para investigar al rey emérito de otra nación que no vive en el Reino Unido.
Los socios del Gobierno piden otra vez investigar al rey emérito
Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDECat, EH-Bildu, Más País, Compromís, BNG y la CUP han solicitado una comisión de investigación sobre las actividades de venta de armas a países no democráticos, entre los que se cita a Marruecos y transacciones de "dudosa legalidad" que podrían constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.
14 solicitudes rechazadas
Recientemente, la Mesa del Congreso rechazó tramitar otras 2 solicitudes de comisiones de investigación reclamadas por socios del Gobierno por la presunta venta ilegal de armas. Los letrados de la Cámara Baja se mostraron contrarios a aceptar las acusaciones y los grupos políticos de PSOE, PP y Vox las rechazaron al considerar que la inviolabilidad del exjefe del Estado es permanente.
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