El juicio por el caso Marta del Castillo ha comenzado con la declaración de 'El Cuco', el único menor implicado. La Fiscalía de Menores y los padres de la joven piden una condena de seis años de internamiento y tres de libertad vigilada, la máxima que prevé la Ley del Menor.

A 'El Cuco' se le acusa de un delito de asesinato, dos de agresión sexual y uno contra la integridad moral, derivado de la desaparición del cadáver. En tres de sus ocho declaraciones, 'El Cuco' reconoció estar implicado en la desaparición de Marta.

El menor ha estado varios meses en un centro de menores, y ahora vive en un piso tutelado. La familia de la joven tiene dos objetivos "saber qué pasó con Marta y, sobre todo, dónde se encuentra", aseguraba este domingo en Antena 3 el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva.

La familia Del Castillo quiere despertar de la pesadilla que comezó un día como hoy de hace dos años. Este lunes se sienta en el banquillo el único menor implicado en el caso, 'El Cuco' que alegará que ni siquiera estuvo en el piso donde se cometió el crimen ya que esa noche la pasó con sus amigos de botellón.

Múltiples versiones contradictorias
Una versión que no casa con su primera declaración ante el juez en la que afirmó haber participado en la ocultación del cuerpo aunque no en el asesinato. Luego dijo habérselo inventado todo. Sobre el hallazgo de su ADN en el piso de la calle León XII donde murió Marta, el menor alegó que dormía allí habitualmente.

De las múltiples versiones que ha dado el asesino confeso Miguel Carcaño la más creíble para la fiscalía y el juez es en la que él y 'El Cuco' golpearon, violaron y mataron a la joven.

Además hay otros tres imputados, Samuel Benítez, amigo de 'El Cuco' y de Miguel Carcaño, el hermano de éste último, Francisco Javier y su novia María.

En prisión provisional solo queda el principal imputado, Miguel Carcaño. 'El Cuco' ha pasado varios meses en un centro de menores y ahora vive en un piso tutelado. Veinticuatro meses después sólo ellos saben donde está el cuerpo de Marta. Dos años de diversas declaraciones y más 600.000 euros en búsquedas infructuosas, cantidad que ahora el estado les reclama.