¿Debería bajarse la edad de responsabilidad penal de los menores? El crimen de Badajoz reabre el debate

Recientemente, el caso de la educadora social de Badajoz asesinada por tres menores del piso tutelado en el que residían ha conmocionado a gran parte de la sociedad, generando reflexiones sobre el sistema penal en los menores y sobre si a partir de los 16 años deberían ser juzgados como adultos.

En España si un menor comete un delito grave y es juzgado antes de cumplir 18 años, se le aplican las medidas establecidas en la ley de responsabilidad penal de menores. Sin embargo, si el delito es muy grave y el menor ha sido condenado antes de cumplir 18 años, al cumplir esa edad, puede ser trasladado a un centro penitenciario.

El proceso incluye varios factores, como el tipo de delito, la gravedad de la acción, el comportamiento del menor durante el cumplimiento de la medida y la evaluación de su rehabilitación. La decisión de encarcelar a un joven que ha cumplido 18 años dependerá de la naturaleza del delito y del juicio correspondiente. En cualquier caso, el enfoque sigue siendo la rehabilitación y reintegración en lugar del castigo puro.

Defensores y detractores de la reducción de edad

Los defensores de la reducción argumentan que los jóvenes son cada vez más precoces en sus comportamientos delictivos y que los delitos graves cometidos por menores requieren medidas más estrictas, ya que muchos de ellos sí son conscientes de lo que hacen. Creen que una mayor responsabilidad podría servir como un disuasivo y proteger a la sociedad de actos violentos. En este sentido, José Cabrera, psiquiatra forense, argumenta que "no es lo mismo un chaval de 13 años maduro, o un chaval de 15 inmaduro, por lo tanto la ley que mantiene la edad de inimputabilidad no puede fijar rígidamente una edad porque cada caso es un mundo".

Por otro lado, los opositores a la idea de bajar la edad resaltan la importancia de la rehabilitación y la reintegración. Sostienen que los menores, al estar en una etapa de desarrollo, merecen oportunidades para corregir su comportamiento sin ser condenados a penas severas que podrían afectar su futuro. Argumentan que el enfoque debe centrarse en la educación y en ofrecer segundas oportunidades, en lugar de castigos drásticos.

Javier Urra, psicólogo forense de la fiscalía y defensor del menor, afirma que "la ley funciona bien" y que "meter a un chico más de 8 años en un centro lo animaliza", aunque sí es partidario de bajar la edad a los 12 años para casos de asesinato o violaciones. Urra entiende la frustración de las víctimas, pero aboga por la rehabilitación de esos chicos conflictivos y por una educación para la prevención. En su experiencia, Javier comenta que "al 80% de los menores violentos se le reinserta, aunque en delitos sexuales no tanto” y que "no habría necesidad de cambiar la ley actual".

Este debate continúa en el ámbito político y social, con diversas opiniones sobre cómo equilibrar la protección de la sociedad y el derecho de los menores a recibir un trato justo que fomente su reintegración. Mientras tanto, el sistema de justicia juvenil sigue trabajando para encontrar soluciones que promuevan tanto la seguridad pública como el bienestar de los jóvenes.

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