Un jurado popular ha declarado culpable a Juan José López Ródenas, exalcalde de Castril, en Granada. El exalcalde socialista estaba acusado por el Ayuntamiento de malversación por contratar presuntamente con su teléfono móvil municipal servicios como llamadas eróticas.
La Audiencia de Granada ha comunicado el veredicto que declara culpable al exalcalde, después de que la Fiscalía y la defensa solicitaran en sus conclusiones definitivas la libre absolución de Juan José López Ródenas, al considerar que no había acreditado el delito que le atribuía la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril.
El abogado de la acusación particular, Rafael Revelles, ha considerado probada "la contratación consciente y voluntaria de todos los números ajenos a la función pública", unos servicios tarificados con sobreprecio que ascendieron a algo más de 1.500 euros y que el acusado devolvió una vez incoado el procedimiento contra él. Y se ha mostrado satisfecho por que se haya hecho "justicia" en un caso en el que la Fiscalía no acusaba.
El exalcalde de Castril se ha mostrado "enormemente sorprendido" por el veredicto de culpabilidad que ha dictado la Audiencia de Granada. El exalcalde López Ródenas ha asegurado que cuando el veredicto se concrete en una sentencia tiene intención de recurrir la condena, porque cree "seguro" que un tribunal profesional no hubiera llegado a la misma conclusión que el jurado popular.
Durante el juicio celebrado este martes, López Ródenas negó haber utilizado el teléfono municipal para contratar servicios como llamadas eróticas y atribuyó estos a una estafa relacionada con mensajes 'prémium'. Y que esos mensajes eróticos no fueron contratados por él de forma voluntaria.
La acusación particular pedía para el exalcalde una multa de 3.240 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses por unos hechos que habrían tenido lugar durante el período comprendido entre diciembre de 2008 y enero de 2011. Según la acusación, el alcalde granadino habría hecho uso de la línea de móvil que tenía asignada por razón de su cargo público "para fines ajenos a la función pública".
