Agustín Martínez Becerra, abogado de 'La Manada'

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ASEGURA QUE NO HAY RIESGO DE "REITERACIÓN DELICTIVA"

La defensa de 'La Manada' compara su caso con el de Nóos y el de la trama Gürtel

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada remarca que llevan un año y once meses privados de libertad en virtud de unos "indicios racionales de criminalidad que han devenido en erróneos y que están aún sometidos a cuando menos a la resolución de dos tribunales".

La defensa de cuatro de los cinco miembros de La Manada ha solicitado su libertad provisional sin fianza argumentando que "no existe ningún elemento" que lleve a pensar en "una supuesta reiteración delictiva" y comparando su situación con el caso de Iñaki Urdangarin o el de la trama Gürtel. El abogado Agustín Martínez Becerra señala en el escrito que no se puede obviar que la sentencia que los condenó a nueve años por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 contaba con un voto particular formulado por uno de los magistrados que los absolvía de todos los delitos y señalaba que deberían ser inmediatamente puestos en libertad.

"No existe ningún elemento objetivo ni subjetivo que nos lleve a pensar que pudiera volver a producirse la supuesta reiteración delictiva", señala la petición de libertad registrada días después del recurso de apelación que pedía su absolución insistiendo en que pensaban que fueron unas relaciones sexuales consentidas. La defensa dice no dudar "de que más pronto que tarde se dictara resolución absolutoria" para sus patrocinados y resultara "evidente la injusta situación personal en la que se encuentran, que obviamente no puede extender más en el tiempo".

Según indica, la solicitud de libertad debe ir directamente relacionada con el auto dictado el 14 de julio de 2017 que indicaba que dos eran las claves para mantener la privación de libertad: el riesgo de fuga, como consecuencia de las altas penas que pudieran imponérseles en el caso de haber sido condenados por agresión sexual, lo que no ha sucedido y la reiteración delictiva. Al respecto precisa que las altas penas han quedado diluidas ya que los magistrados no han contemplado "ninguno de los tres delitos por los que estaban acusados, quedando reducidos en la sentencia en primera instancia a nueve años".

El abogado remarca que llevan un año y once meses privados de libertad en virtud de unos "indicios racionales de criminalidad que han devenido en erróneos y que están aún sometidos a cuando menos a la resolución de dos tribunales". Y aunque es consciente de que la sentencia es "condenatoria", subraya que la condena es "muy inferior a la solicitada" por las partes acusadoras y al ser así es de justicia considerar que "el riesgo de fuga no puede ser tan elevado".

Tras aludir a la "trascendencia pública" del proceso que "ha ido mucho más allá de cualquier lógica natural en derecho", señala que la solicitud de libertad no debe analizarse a la luz de esa trascendencia que "pudiera tener en aquellos grupos de presión que desde el comienzo del presente procedimiento han dejado claro que solo aceptarían una resolución que fuese en consonancia con las peticiones puestas de manifiesto por las acusaciones, despreciando la realidad probatoria puesta de manifiesto en el juicio oral".

La situación procesal de sus representados, según añade, mantiene "condiciones técnico-procesales de características similares" a las que dieron lugar a autos en los cuales se dictamina la libertad provisional de condenados en sentencias en primera instancia. Así, junto a los casos de Iñaki Urdangarin o Diego Torres, cita otros más recientes como el caso Gürtel y la prisión provisional eludible con fianza fijada para varios encausados, entre los que destaca Rosalía Iglesias, Jesús Sepúlveda, Ricardo Galeote o Antonio Villaverde. Por todo ello concluye que la situación a la que se encuentran afectos sus patrocinados, "resultaría profundamente insólita e injusta si se mantuviese de manera injustificada la situación de prisión provisional".

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