Los delitos a bordo de cayucos no son perseguidos en España: "Es frustrante porque son agresiones sexuales y homicidios"

Los patrones de las pateras y cayucos son los grandes desconocidos del fenómeno migratorio. Poco se sabe de ellos porque los inmigrantes nunca quieren hablar ya que muchas veces son amenazados de muerte, o con matar a sus familias. Reciben estas amenazas por parte de las mafias antes de subir a las embarcaciones, para que no los delaten. Una vez que los patrones son detenidos, son juzgados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que puede estar penado con prisión de 3 a 8 años. Pero en las travesías, muchas veces suceden delitos muchísimo más graves como pueden ser violaciones o incluso homicidios. En estos casos, los jueces españoles no tienen jurisdicción porque suceden en altamar, en aguas internacionales, y casi siempre se archivan.

Una vez que llega a tierra un cayuco o patera, comienza el proceso de investigación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil para localizar al patrón de la embarcación: "Hay de todo, migrantes que son cogidos en el último momento para patronear a cambio de algo...Y otros que son patrones profesionales, como nosotros decimos, que han ido y venido varias veces", explica Teseida García, fiscal delegada autonómica de trata de personas y extranjería de Canarias.

Localizar al patrón de la embarcación no es una tarea fácil y se realiza por varios medios de investigación. Uno de ellos es la declaración de las personas que viajan con ellos, que casi nunca quieren hablar porque han sido previamente amenazados, otras veces ellos mismos se graban y lo publican en redes y en algunas ocasiones hay denuncias o en el mismo hospital se detectan lesiones y se remite el parte al juzgado. "Las personas que suben a la patera son amenazadas por los que organizan el viaje para que no los delaten...Si tu vas a denunciar, yo se quien es tu familia y voy a ir a por ellos. Y ellos se lo creen y es difícil que denuncien", explica la fiscal. En ocasiones incluso señalan a personas inocentes para no sufrir las represalias, como le sucedió a Diarra, un inmigrante de Mali al que acusaron injustamente: "La gente que venía conmigo dijo que nosotros éramos jefes de patera. Por eso me devolvieron a mi país", nos cuenta.

Plena crisis de los cayucos

En la primera crisis de los cayucos, España no tenía jurisdicción para perseguir esos hechos y se cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder perseguir el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Pero a bordo de las embarcaciones ilegales, durante la travesía, en algunas ocasiones suceden delitos mucho más graves como violaciones o incluso homicidios: "Las que salen peor paradas son mujeres y niños. Las mujeres son culpadas de brujas y porque tienen la menstruación", afirma Teseida García.

La fiscal de trata de personas y extranjería de Canarias, explica que España no tiene jurisdicción para actuar porque estos delitos ocurren en altamar en aguas internacionales y la ley no atribuye a los jueces el conocimiento de esos hechos: "Somos conscientes de que se producen violaciones y homicidios pero el problema es que España no tiene jurisdicción para actuar. A pesar de que podamos conocer quien es el autor de una violación, que nos consta que se producen, o un homicidio voluntario, no podemos perseguirlo porque ocurre en altamar en aguas internacionales".

Los delitos quedan archivados sin poder ser perseguidos, solo pueden ponerlos en conocimiento de los países de origen: "Es muy frustrante saber que hay una persona que ha cometido un hecho muy grave y está en España y no podemos perseguirlo. Y no estamos hablando de amenazas o pequeñas lesiones, estamos hablando de agresiones sexuales y homicidios", afirma la fiscal, y concluye: "Nos encontramos con una mujer agredida sexualmente y con un autor que se encuentra en España y no podemos adoptar ninguna medida cautelar para que no se vuelva a acercar a ella. Esa mujer no esta siendo protegida".

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