El palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona, gestionado por el movimiento okupa como gaztetxe Maravillas desde septiembre de 2017, ha sido desalojado esta mañana en una actuación que ha dado lugar a protestas en la calle y a críticas al Gobierno de Navarra por parte de sus socios.
A las 4:45 horas y siguiendo la orden judicial dictada al respecto, la Policía Foral, en coordinación con la Policía Nacional, ha comenzado a desalojar el edificio, en cuyo interior se encontraba una veintena de personas que se habían encadenado a bidones de hormigón, balcones o incluso una red colgada en altura en la fachada del edificio, según ha informado el Gobierno Foral.
Conforme quedaban liberados han sido identificados y se les ha permitido abandonar el lugar. Sus filiaciones, junto con la documentación gráfica, será remitida al juzgado de Instrucción número cuatro. Entre las 22 personas identificadas hay cuatro menores que han quedado a disposición de sus padres.
Mientras tanto en el exterior del inmueble, situado en la plaza de Navarrería, en el casco viejo, se han vivido momentos de tensión y se han producido varias cargas policiales, a consecuencia de las cuales dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital con heridas de carácter "leve", según ha indicado el Gobierno Foral, que ha comunicado que el dispositivo policial ha finalizado a las 14:15 horas.
En declaraciones a Efe, un portavoz del movimiento okupa ha denunciado la falta de diálogo del Ejecutivo, propietario del edificio, y la "violencia" policial, y ha anunciado que no renuncian al proyecto de "seguir en la calle". Al desalojo han seguido concentraciones, en las que se han sucedido las consignas en contra de la actuación policial y de la coalición Geroa Bai a la que pertenece la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, unas críticas que han llegado desde el propio Ayuntamiento de Pamplona, puesto que el alcalde Joseba Asiron (EH Bildu) ha manifestado que no comparte "en absoluto", "ni en el fondo, ni en las formas" el desalojo.
La portavoz del Gobierno, María Solana, quien ha comentado que se ha actuado en respuesta a una orden judicial y en defensa de un interés que pertenece a todos los navarros, ha remarcado el "papel de mediador" del Ejecutivo en este asunto ante "los oídos sordos" del alcalde. Dentro del Gobierno cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) se han sucedido las críticas a las que Geroa Bai ha respondido señalando que el desalojo se ha realizado por orden judicial y en cumplimiento de la legalidad para recuperar un bien público.
Adolfo Araiz (EH Bildu) ha opinado que el desalojo "se podía haber evitado si el Gobierno de Uxue Barkos no hubiera dado la espalda al diálogo" y, en su lugar, "hubiera actuado con altura de miras y de forma responsable". El secretario general de Podemos Ahal Dugu, Eduardo Santos, ha diferenciado entre "legalidad y legitimidad" y ha indicado que "la recuperación de la posesión puede ser legal", pero la manera en la que se ha realizado "no es legítima, desde el punto de vista que había espacio para el diálogo y no requería el uso de la violencia".
IUN-NEB ha rechazado el desalojo policial, del que responsabiliza al Gobierno Foral y del que ha dicho que "no soluciona nada" y ha apelado al "compromiso del cambio" por el diálogo. El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento ha lamentado las palabras del alcalde y su "empeño" de "perpetuar los incumplimientos de la ley y los privilegios de sus afines", mientras que los socialistas han considerado que con el desalojo se pone fin a una ocupación "ilegal, política y excluyente".
Desde el PPN se ha felicitado a la policía y se ha cuestionado al Gobierno por haber "consentido la ocupación ilegal de un edificio de su propiedad durante casi un año con tal de no molestar a la izquierda radical".
