Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

Desarticulada una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tarragona

La detección y la protección de las "víctimas de trata" sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde muchas mujeres que consiguen salir de las redes criminales se ven obligadas a volver a la prostitución para subsistir. Así lo denuncian expertas en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Desarticulada una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tarragona

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La Policía Nacional se ha especializado en los delitos de trata según los países. Acaban de detener a una trama albano-rumana. Tenían un negocio redondo. Obligaban a prostituirse a varias mujeres, les obligaban a cuidar una guardería de marihuana y a venderla en la calle donde ejercían. Además, los hombres de nacionalidad albanesa se casaban con las jóvenes rumanas para conseguir la residencia europea durante, mínimo cinco años. Están en prisión provisional y pueden penarles hasta con cinco años de cárcel por víctima. Todas eran engañadas con una vida mejor.

Se estima que en el mundo casi dos millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para ser explotadas sexualmente. Son delitos solo equiparables al tráfico de drogas y de armas. Traficantes, proxenetas se aprovechan de las situaciones de pobreza, falta de educación, desastres naturales, guerras y otras circunstancias para sustraer y engañar a mujeres, hombres, niños y niñas, venderlos y explotarlos sexualmente.

Algunas ONG como APRAMP, que lleva desde principios de los años 90 luchando contra la prostitución, asegura que más de la mitad de las personas a las que han asistido, un 54,4%, eran menores cuando fueron prostituidos por primera vez. Tanto las ONG como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado piden una legislación que les ampare a la hora de desmantelar, por ejemplo, burdeles. Bajo la etiqueta de hosteleros se esconden miles de burdeles donde la policía no puede actuar. Tampoco pueden entrar en pisos de cualquier urbanización de un pueblo o ciudad sin una orden judicial.

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