Desprotección en las costas andaluzas: sólo 7 embarcaciones de la Guardia Civil están operativas para 1.000 km de litoral

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha alertado de la grave falta de recursos en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Andalucía, donde solo 7 de las 19 embarcaciones asignadas están operativas, lo que supone el 36% del total. Esta situación, advierten, compromete seriamente la lucha contra el narcotráfico en una de las principales rutas de entrada de droga en Europa.

"La situación real tras la pérdida la semana pasada de la 'Río Irati' en un encontronazo con una narcolancha, es que tan solo el 36% de las embarcaciones asignadas están operativas. La coordinación entre provincias intenta paliar las carencias, pero no es suficiente para cubrir los mil kilómetros de costa andaluza. Y las embarcaciones rápidas, que debían servir para mejorar la persecución de las veloces lanchas de los traficantes, presentan problemas estructurales graves, que las hacen inadecuadas para maniobras intensas", explicó Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL.

Las cifras hablan por sí solas: de las embarcaciones asignadas en Andalucía, solo siete están operativas. La pérdida reciente de la embarcación 'Río Irati' tras un choque con una narcolancha dejó a la provincia de Cádiz, con 285 kilómetros de costa, sin ningún barco operativo. Almería y Huelva también se enfrentan una situación crítica, contando únicamente con una semirrígida cada una, limitada para patrullajes básicos.

En localizaciones clave, como Málaga y Algeciras, sí logran mantener un mayor número de recursos, con dos y tres naves disponibles respectivamente, pero insuficientes para suplir las carencias de otras zonas. Granada, con 81 kilómetros de costa, no tiene ninguna embarcación funcional en este momento.

La amenaza de mafias mejor equipadas

Andalucía concentra cerca del 80% de la droga incautada en España, especialmente cocaína y hachís. Las mafias, cada vez más violentas y mejor organizadas, aprovechan la falta de medios de la Guardia Civil para operar con impunidad. Desde JUCIL denuncian que los agentes trabajan con recursos insuficientes y en condiciones que ponen en riesgo sus vidas.

"La situación es insostenible. No es solo que faltan embarcaciones, sino que las que tenemos no están diseñadas para las persecuciones de alta intensidad que requieren la lucha contra las narcolanchas. Nuestros compañeros se enfrentan con mafias que tienen mejores recursos que nosotros. No es solo un problema logístico; es un trato indignante hacia quienes arriesgan su vida cada día", señaló Leal.

Un problema repetido, una tragedia reciente

Esta no es la primera vez que JUCIL denuncia la precariedad en los recursos del Servicio Marítimo. Entre sus demandas, destacan la reposición inmediata de embarcaciones aptas para maniobras intensas, así como el refuerzo de personal en las bases más afectadas, como Cádiz y Huelva.

El pasado 9 de febrero de 2024, dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate, Cádiz, tras ser embestidos deliberadamente por una narcolancha. Este trágico episodio puso de nuevo de manifiesto la desprotección de los agentes frente a las mafias del narcotráfico, que cuentan con embarcaciones más rápidas y mejor equipadas. Desde entonces, la asociación insiste en que es urgente actuar para evitar nuevas tragedias.

La asociación también advierte que la falta de recursos está permitiendo a las mafias extender su influencia en el litoral. "Con solo siete embarcaciones operativas estamos perdiendo el control de las costas de Andalucía y se puede ver en que los narcotraficantes campan por todo el litoral. No podemos permitir que el principio de autoridad se diluya mientras las mafias ganan terreno. Exigimos medios modernos y efectivos para que los guardias civiles podamos cumplir con nuestra misión de proteger nuestras fronteras y nuestra sociedad", declaró Leal.

De no tomarse medidas urgentes, JUCIL teme que la capacidad para combatir el narcotráfico en el litoral andaluz quede completamente comprometida, con consecuencias graves para la seguridad de España.