Golpe a una red criminal: detenidas 35 personas por introducir en el mercado carne equina no apta para el consumo

La Guardia Civil y la Europol han desarticulado una banda criminal que se dedicaba a comercializar con carne de equino no apta para el consumo humano. La operación 'Yucatán' se ha saldado con la detención de 35 personas, entre ellos los responsables de la red, y 6 empresas han sido investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, maltrato animal, delitos contra la salud pública y falsedad documental.

En un comunicado la dirección general de la Guardia Civil ha detallado que "la trazabilidad de los animales era alterada manipulando su inscripción y falseando la documentación de los equinos que recoge su identificación individual, su aptitud para el consumo o su traslado para el posterior sacrificio". La carne de equino era comercializada en territorio nacional y en diferentes países de la UE, como Alemania, Bélgica e Italia.

Además, el organismo ha confirmado que la explotación ganadera era utilizada clandestinamente al tener restringida las entradas y salidas de equinos desde 2019. En ella se realizó una intervención donde se encontraron 80 caballos "en situación irregular sometidos a maltrato animal, presentando diferentes enfermedades y sin recibir ningún tipo de cuidado veterinario".

La falta de control suponía un riesgo ya que podrían producirse brotes de enfermedades zoonóticas, es decir, susceptibles da transmitirse al ser humano).

Operaban de forma clandestina

Tras las primeras actuaciones, la explotación ganadera fue precintada y los caballos retirados. "Debido a la omisión de cuidados y atención veterinaria que requería y el grave estado sanitario que presentaba, uno de los caballos tuvo que ser sometido a la eutanasia inmediata", ha señalado el instituto armado en nota de prensa.

También se inmovilizó más de media tonelada de carne equina dispuesta a la venta en carnicerías especializadas por suponer un resigo grave para la salud pública.

Los investigadores han apuntado a que el beneficio económico era la principal "motivación" del entramado criminal. De hecho, se ha constatado que se estaban abonando "una media de 35.000 euros, dependiendo del país, a los organizadores de los transportes clandestinos a nivel internacional".

El responsable de la trama criminal se dedicaba a la compra de equinos por toda la geografía española, para luego trasladar a los animales a instalaciones ganaderas de su propiedad situadas en Valencia.

Posteriormente gestionaba a través de distintos trasnportistas expediciones con destino a diferentes países de la UE como Bélgica, Alemania o Italia. En estos transportes internacionales los animales no tenían acceso a agua y alimentos y estaban sometidos a situación de estrés permanente con la consiguiente afectación en la salud de los equinos.

En este entramado criminal participaban, además, personas de confianza que manipulaban documentos referentes a la trazabilidad , origen de los animales y su estado de salud en diferentes mataderos. También transportistas que realizaban los traslados del ganado equino y veterinarios que daban cobertura de legalidad mediante la creación de documentación falsa, hasta llegar a establecimientos carniceros que conocedores de su no aptitud para el consumo humano, ponían a la venta la carne de los equinos.

La carne era también adulterada en última instancia mezclándola con diferentes subproductos cárnicos para aumentar el volumen del producto final.

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