El acuerdo, suscrito el pasado viernes en una vista convocada sin publicidad por la Audiencia provincial a la que sólo asistieron las partes implicadas, condena a la misma pena a tres mujeres de Barcelona que habían ideado el fraude y al Arzobispado de Zaragoza como responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a los perjudicados, han informado fuentes judiciales.
Estas condenas se derivan de un acuerdo entre la fiscalía y los letrados de la defensa que plantea la aplicación de una atenuante "muy cualificada", según las fuentes, de reparación del daño causado para reducir las penas inicialmente propuestas, 16 años para cada uno de los acusados por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y usurpación de estado civil.
El acuerdo, que ha permitido suspender la vista que debía celebrarse por estos hechos hoy en la Audiencia, se sustenta en el pago previo por parte del Arzobispado de Zaragoza de diversas cantidades económicas a las personas que resultaron perjudicadas por la red.
En su relato de hechos, asumidos por los acusados y el Arzobispado, la fiscalía asegura que el párroco, Francisco Javier H.O., en connivencia con las tres mujeres que conformaban la red, María Carmen B.C., "perlita"; Amparo C.J., "bambani", y Josefa X.J., "la chunga", ofició, entre abril y diciembre de 2007, cincuenta falsos matrimonios.
Según la acusación pública, la red se servía mayoritariamente de carnés de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuyas personalidades suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios.
También ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una "vía rápida" que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y 3.000 euros.
Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.
Las fuentes no han informado de las cantidades pactadas en concepto de indemnización, pero la fiscalía pedía 20.000 euros para cada una de las mujeres cuya identidad fue suplantada en esta trama.
El fiscal argumentó que el párroco acusado "no dudó en prestarse a participar en la trama a sabiendas de su ilegalidad", soslayando, presuntamente, el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la celebración de matrimonios canónicos válidos.
La investigación se inició a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se realizaban en la parroquia del acusado.
