La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos propietarios de
la residencia de mayores de Soto del Real por la muerte de una anciana de 101
años por desnutrición y deshidratación, tras una denuncia de la Fiscalía al
apreciar peligro para sus residentes
Los detenidos este
jueves son el propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano. Ambos, son
presuntamente responsables de la muerte de una de las residentes, una mujer de
101 años que falleció en el hospital madrileño de La Paz
por deshidratación y desnutrición. Además de un delito de homicidio imprudente,
están acusados de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Colmenar Viejo instruye la causa. Fue un sobrino de la residente centenaria el
que denunció que la muerte de su familiar podía estar relacionada con el trato
que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación
adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz donde había
sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han
señalado, que la anciana fallecida fue una de las tres personas de la residencia
que fueron trasladados principios de julio al Hospital de la Paz, aunque su
estado en ese momento era leve. Las mismas fuentes han recalcado que
colaborarán con la Justicia "en lo necesario".
La Comunidad de
Madrid decidió cerrar durante un año esta residencia, de gestión privada, tras
comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni
los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación. La decisión
la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó
tras una visita rutinaria realizada por la fiscal de Alcobendas especialista en
discapacidades en la que constató el estado "deplorable" a los
ancianos y las instalaciones.
Además de urgir al cierre de la residencia, que se hizo
efectivo la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado.
Fruto de esa investigación, los agentes han detenido a uno de los responsables
del centro. Uno de los responsables del centro explicó a la fiscal que no tenía
acceso a los historiales médicos de los sesenta pacientes que se encontraban en
una sala, con solo dos auxiliares para atenderlos y presentando alguno de ellos
"mal estado físico". La Fiscalía precisó en su momento que en la sala
donde se guardaban los medicamentos no funcionaba la nevera donde deben
conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había
roto la cadena de frío en casos como la insulina. También detectaron
"bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de
conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para
acumular cajas llenas de medicamentos".
Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras y el
cuarto de calderas tenía una fuga de agua. Además de decretar el cierre, la
Comunidad de Madrid impuso a los propietarios una sanción de 127.000 euros a la
residencia por falta de mantenimiento y limpieza, y por tener menús que no
habían sido supervisados por personal cualificado.
