Trata de seres humanos
Detienen a un hombre en Alcázar de San Juan por obligar a una inmigrante a trabajar sin salario ni descansos
El detenido le ofreció un contrato laboral que nunca llegó a cumplir y por eso la trabajadora viajó a España desde su país de origen.
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Este martes ha tenido lugar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) la detención de un hombre por presuntamente cometer un delito de trata de seres humanos. Europa Press ha informado que se le acusa de retener en su domicilio a una inmigrante en situación irregular, sometida a jornadas de trabajo continuas las 24 horas del día, sin cobrar y sin descansos.
La víctima había viajado a España desde su país de origen con el objetivo de trabajar. El ahora detenido le había ofrecido un contrato de trabajo que nunca llegó a cumplir. De esta forma, se mantuvo a la trabajadora en situación irregular y retenida en un domicilio. Allí se encargaba del cuidado y atención de una persona mayor con discapacidad. Además, ejercía de madre del que era su supuesto jefe y ahora detenido.
La Policía ha transmitido a través de una nota de prensa que la mujer trabajaba de forma continua y que así llevaba seis meses. No tenía ni un solo día de descanso cuidando de la madre del detenido. Tampoco tenía vacaciones y no recibía ningún salario por su labor, excepto pequeñas cantidades de efectivo para comida. Por tanto, la trabajadora no podía vivir por sí misma, tenía que recurrir a terceras personas para subsistir.
Ahora la investigación está en curso. La Policía Nacional la ha comenzado a raíz de que la víctima haya conseguido denunciar. Una vez que los agentes comprobaron este estado de precariedad y que no había sido dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora (y por tanto sin disfrutar de cobertura médica, salario, descansos o vacaciones), prosiguieron a la aplicación del protocolo de protección integral y a la detención del presunto explotador.
El acusado se enfrenta ahora a un delito de trata de seres humanos, que según el Ministerio del Interior, se trata de un delito que supone uno de los ataque contra los derechos humanos y la dignidad de las personas más denigrantes que existen. El delito está castigado con pena de prisión de 5 a 8 años y a priori no cabe la suspensión de la pena privativa de prisión.
Necesaria la inspección laboral
Hace unas semanas, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que se trabajaba "para garantizar los derechos a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables" y que por tanto "la inspección laboral es fundamental para la protección de todas las personas trabajadoras". Esto venía a raíz de un caso que impactó al país, donde la Policía liberó a 21 víctimas de explotación laboral que tenían que trabajar a altas temperaturas en el campo sin beber ni comer.
En este dispositivo se detuvo a 15 personas en Brenes y Cantillana (Sevilla), una banda formada por dos clanes familiares que falsificaban la identificación de las personas que se encontraban trabajando cambiando la fotografía. Captaban a las personas también en sus países de origen y los traían prometiéndoles un contrato digno. Una vez que llegaban, las condiciones de vida eran infrahumanas de las cuales no podían escapar porque estaban siendo continuamente vigilados.
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