El director de un colegio de Madrid tilda la ley contra la LGTB de "fanatismo terrorista"

El director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), Carlos Martínez, envió el pasado 9 de septiembre una carta al alumnado en la que arremete contra la Ley autonómica de Protección Integral frente a la LGTBfobia, y compara el "dogmatismo" de esta legislación con el "fanatismo terrorista".

Ante ello, la presidenta regional Cristina Cifuentes ha dicho que "discrepa absolutamente" de estas valoraciones y ha asegurado que la Comunidad de Madrid actuará "con la legalidad en la mano" tras conocer el informe que ha encargado al servicio de Inspección Educativa. El PSOE de Alcorcón ha solicitado al Ayuntamiento que traslade a la Fiscalía las "declaraciones homófobas e islamófobas" efectuadas por el director para que la justicia analice "si éstas son objeto de delito".

El director del colegio empieza la carta manifestando su consternación por el atentado de Niza, con 84 muertos, y el asesinato de un sacerdote francés por yihadistas, y asegura que los políticos españoles "se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas".

Así, en lugar de "defender la familia y nuestras raíces cristianas", los políticos "más cercanos" se ocupan en "legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid", añade la misiva.

Además de cambiar el nombre de la ley aprobada por unanimidad en julio pasado, Martínez tilda de "barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre" y de "despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones", por lo que "el parecido -de la ley- con el fanatismo terrorista es inquietante".

Tras "recomendar vivamente" la postura de los obispos de Alcalá y de Getafe -Juan Antonio Reiy y Joaquín María López- que tildaron la ley de "ataque a la libertad religiosa y de conciencia", Martínez asegura que "el Islam o la ideología de género no son más que otros programas humanos y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso".

Según Cifuentes, al tratarse de un colegio concertado, "hay que ver hasta dónde llega la libertad de expresión de esta persona, que indudablemente la tiene, y también pero hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presión" a alumnos y padres, por lo que la Comunidad actuará según indiquen sus servicios jurídicos.

La asociación Arcópoli contra la LGTBfobia ha exigido la revisión del concierto educativo con este colegio, porque la libertad de enseñanza "no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad".