Al menos 13 personas, entre 15 y 24 años, han sido detenidas en Logroño tras un fin de semana de altercados y disturbios en la capital riojana ante el toque de queda y las restricciones frente al coronavirus. Entre los detenidos se ha detectado a un menor de 13 años que ha sido entregado a sus padres.
La Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado que ocho de los detenidos lo fueron por su presunta participación en los disturbios ocurridos en la tarde-noche del sábado, donde se reunieron unos 150 radicales que quemaron contenedores y tiraron piedras a los policías, y cinco en los de anoche, en la que se convocó una manifestación por las redes sociales en el céntrico paseo de El Espolón.
La Policía Nacional, hacia las 20:15 horas de ayer, observó varios grupos de unos 40 jóvenes disgregados en la zona, que respondían a características similares a los causantes de los altercados del sábado, ha precisado. Al ver el despliegue policial, los jóvenes huyeron hacia las calles adyacentes al Espolón, hasta donde se desplazaron los agentes de la Policía Nacional para identificarles.
Tras la quema de tres contenedores, los policías detuvieron a cinco personas como presuntas autoras de desórdenes públicos, todas ellas residentes en Logroño, tres con nacionalidad extranjera y dos española y edades comprendidas entre los 16 y 23 años. Además, la Policía Nacional ha entregado a sus progenitores a un menor de 13 años y nacionalidad española como presunto coautor de estos hechos. Sobre las 22:15 horas finalizaron los incidentes y la Policía Nacional disolvió por completo la manifestación no comunicada.
A esas cinco detenciones hay que añadir las ocho practicadas por los altercados violentos producidos el sábado en Logroño, también en la zona de El Espolón, en cuyas inmediaciones se ubican las sedes de la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional.
Estos ocho detenidos tienen entre 15 y 24 años, residen en Logroño, son de nacionalidad española y se enfrentan a los cargos de desorden público, daños y robo con fuerza, dado que un comercio fue saqueado.
La Delegación del Gobierno ha hecho de nuevo un llamamiento a la responsabilidad y ha recordado que el derecho a la manifestación está permitido, pero es preciso que se comunique y no conlleve violencia.