El drama de algunos centros de menores en Canarias: trabajadores sin cobrar y 90.000 euros de deuda cada mes

Con el repunte de crisis migratoria en el archipiélago canario, el Gobierno canario ha tenido que habilitar más recursos para atender a los menores migrantes no acompañados. Esto ha llevado a una situación donde los plazos de pago a las entidades que gestionan estos nuevos centros no son los ideales, aun agilizando los trámites bajo el paraguas de la emergencia.

En total, hay actualmente en Canarias 5.400 menores migrantes no acompañados bajo la tutela del gobierno canario, que están repartidos en un total de 81 centros localizados en las distintas islas. Estos centros son gestionados por distintas entidades, unas diez, que enfrentan distintos retos a la hora de financiarse debido a estos retrasos.

Es el caso de la Fundación Canaria Cepsocial, que ha emitido un comunicado en el que denuncian la situación en la que se encuentran. Abrieron sus puertas en un centro de menores migrantes situado en el municipio de Teror en Gran Canaria, Fincaventura, y desde entonces no ha recibido un solo euro por parte del Gobierno canario. Les deben 90.000 euros solo del mes de agosto, y su situación es crítica.

Dan atención a 50 menores de Senegal y Mali principalmente, y necesitan recursos económicos para hacer frente a las facturas y a las nóminas de los trabajadores. "A los menores hay que atenderlos, hay que darles cinco comidas, hay que contratar actividades…", explica Adrián Díaz, subdirector del centro, que estos días se ha convertido en portavoz teniendo que explicar a los medios de comunicación cuál es su situación: "Estamos sobreviviendo".

El centro cuenta en la actualidad con 35 trabajadores que no han cobrado una sola nómina desde que empezaran a trabajar este verano. Tres trabajadores no han soportado las condiciones y se han ido, algo que la directiva del centro entiende y han tenido que solucionar reemplazando a esas personas por gente "de confianza", en algunos casos familiares.

Esta situación se agrava si, además, se tiene en cuenta que el Ejecutivo canario habría comunicado a Cepsocial su intención de abonar la próxima semana lo pendiente de agosto, aunque la factura de septiembre, que asciende a 134.000 euros, quedaría para ser pagada en el mes de noviembre.

El retraso en los pagos es derivado de la situación de emergencia

El caso de Cepsocial es singular porque al ser una fundación de nueva creación no pueden acogerse a subvenciones, ya que se les exige un año de antigüedad, y tampoco obtener crédito bancario, por lo que el déficit económico al que se enfrentan está siendo subsanado por el patrimonio personal de su fundador, que ha invertido ya más de 60.000 euros.

Según Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las familias del Gobierno de Canarias, estos retrasos se van a tratar de subsanar lo antes posible, pero "canarias no tiene plazas suficientes para tantos menores migrantes", la situación ha llegado al límite.

Tras la declaración de la emergencia migratoria, se pudieron habilitar más recursos con carácter de emergencia, lo que en términos burocráticos se traduce en plazos más cortos para los trámites, aun así los plazos son insuficientes y también lo es la financiación. Rodríguez recuerda que siguen esperando los fondos prometidos por el ministro Ángel Víctor Torres y continúan subsistiendo con la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado.

El coste por menor y día para las distintas ONG oscila entre 90 y 105 euros, esto supone para las arcas de la comunidad un desembolso anual de más de 150.000.000 de euros.

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